El presidente de Unauto VTC Cataluña, Josep Maria Goñi, compareció ayer en rueda de prensa para aclarar los motivos de la marcha de Uber y Cabify de Barcelona y anunció la principal consecuencia de todo ello: «Más de 3.500 despidos».
A renglón seguido, el dirigente de la patronal añadió más leña al fuego al acusar a altos cargos de la Consejería de Territorio de haberles ofrecido un turbio cambalache en la reunión del pasado 25 de enero. Según Goñi, estos miembros del departamento les prometieron «mirar a otro lado» si las VTC no cumplían con los 15 minutos de precontratación estipulados a cambio de que estas empresas aceptaran el decreto ley propuesto por el equipo que dirige Damià Calvet.
«No podíamos aceptar este acuerdo porque era abrir la puerta de la corrupción», proclamó Goñi, que había comparecido ante los medios de comunicación acompañado de Eduardo Martín, presidente de Unauto España. «El conseller Calvet es una persona joven, pero en su ADN lleva las viejas formas de la antigua Convergencia», sentenció el representante de las VTC, que remató que la «propuesta ilegal» perseguía arreglar «el desastre» y contentar a «grupos de matones» del taxi.
Minutos después, el propio Calvet reaccionó para negar tales acusaciones y atribuirlas a interpretaciones interesadas que nada tienen que ver con la realidad. «Estas declaraciones son una muestra más de su voluntad de confrontación, de engañar al ciudadano. Los VTC deben hacer de VTC, y los taxis de taxis», explicó Calvet, quien desmintió categóricamente que su departamento ofreciese alguna propuesta ilegal: «Simplemente se les dijo que este decreto necesitaba un periodo de adaptación natural, como hacemos con otras medidas no se aplican con rigor desde el primer momento».
La rueda de prensa de Unauto tuvo lugar el primer día en que la capital catalana ya no contaba con Uber ni Cabify y sirvió también para que los dirigentes de la patronal volvieran a pedir la disimión del conseller Calvet y para que pusieran más datos sobre «el ERE más importante de los últimos 40 años». En esos momentos se estaban ultimando tres expedientes de regulación de empleo: el de Vector, con 1.000 afectados, el de Moove Cars (750 damnificados) y el de Auro (330), aunque fuentes de Trabajo aseguraban que no tenían constancia de la presentación de ninguno.
Expertos en expedientes de regulación de empleo apuntan que estos contratos no se podrán extingir a bajo coste «sin demostrar la causa técnica, organizativa, económica o de producción que justifica los despidos».
