Unidos Podemos registró ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para legalizar la eutanasia y garantizar su práctica en todo el territorio nacional a aquellas personas que la soliciten. Del mismo modo, el texto recoge una modificación en el Código Penal para que los profesionales que presten este servicio no sean penalizados.
El texto presentado indica que podrán solicitar este servicio los mayores de 18 años o menores emancipados que padezcan una enfermedad terminal «sin esperanza» o dolores físicos y psíquicos «intolerables» para el paciente. Según explicó la diputada de IU Eva García Sempere, serán los médicos o psicólogos los que realicen un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud. La propuesta de ley, según la diputada, pretende garantizar la universalidad, a través del Sistema Nacional de Salud, del derecho a morir de una forma digna de enfermos terminales y de personas con padecimientos físicos o psíquicos intolerables que lo soliciten de manera «capaz y consciente».
La demanda de eutanasia deberá hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado son inminentes, se aceptará un periodo menor a las dos semanas. La persona demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento. Tanto el documento de petición como de la posible revocación serán adjuntados a la historia clínica del paciente. Sin embargo, la causa de la muerte, a todos los efectos, será por causas naturales.
García Sempere apuntó que en caso de que un enfermo esté a cargo de un médico objetor, este deberá ofrecer los servicios de otro equipo médico que no lo sea. De hecho, el documento regula las obligaciones de los profesionales sanitarios, que deberán informar al solicitante de su estado de salud y sus posibilidades terapéuticas, así como asegurarse de que cumplen los requisitos y de que lo han pedido de forma voluntaria.
La diputada Marta Sibina justificó la necesidad de esta ley en que «España no es un buen lugar para morir», no solo porque los cuidados paliativos «no llegan» a todos los que lo necesitan, sino porque la capacidad de decisión de una persona que está al final de su vida está «demasiado limitada».
A ello se une, añadió la parlamentaria Ángela Rodríguez, el aumento de la esperanza de vida y los nuevos enfoques en medicina, que tiene el doble objetivo de prevenir y curar enfermedades y «ayudar a morir en paz a los ciudadanos».
La eutanasia cuenta además con un creciente respaldo de la opinión pública y es de aplicación en países como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Canadá, y en algunos estados de EEUU como Washington y California. Se trata, subrayó, de una propuesta «muy cohesionada» en su grupo.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) aplaudió la iniciativa porque supone «sacar las prácticas eutanásicas del armario» y ayuda a contribuir a una «nueva cultura de la muerte».
