El Consejo de Ministros de Transportes de la UE alcanzó ayer en Luxemburgo un acuerdo que despeja el camino para la aprobación de la directiva sobre sanciones disuasorias contra los vertidos contaminantes en el mar. Mejora así su arsenal de medidas para evitar y castigar tragedias como la del Prestige ante la costa gallega, y el del Erika, frente a la francesa. El acuerdo final fue una solución de mínimos para evitar que la norma quedara bloqueada ante la oposición de dos grupos de países.
Por un lado están los que defienden los intereses de sus poderosas navieras y querían rebajar el alcance de las sanciones que se les podrían aplicar --Reino Unido, Grecia, Holanda, Dinamarca, Chipre y Malta--, y los que han sufrido las mareas negras del Prestige y del Erika y luchaban por lograr penas duras --España, Francia y Portugal--, apoyados por Italia y la Comisión Europea.
La directiva proponía la instauración en toda la UE de sanciones penales contra los responsables de vertidos ilegales, tanto voluntarios como por negligencia. Entre otros supuestos, la norma intenta frenar la limpieza de petroleros en alta mar.
Al final, cada país hará lo que crea conveniente: sanciones penales, económicas o administrativas. La directiva también prevé la responsabilidad de toda la cadena implicada en los vertidos: además del capitán y del armador, a las compañías de clasificación de los buques o las empresas que los contratan también se les podrán pedir cuentas.
La organización ecologista Greenpeace calificó ayer de "indignante y decepcionante" el acuerdo de la UE, que permitirá la impunidad penal en desastres como el del Prestige.
