Unas casillas por rellenar, un clic y una incierta espera es lo que separa de cumplir su propósito a numerosos ciudadanos que no quieren ver su nombre asociado a informaciones que menoscaban su reputación cuando se realiza una búsqueda determinada en Google. Una espera doblemente incierta. Por cuanto falta por ver el tiempo que se demorará un análisis personalizado de cada petición para discernir qué debe prevalecer: el derecho a la intimidad del demandante o a la información del emisor y de la potencial audiencia. Incierta, a su vez, por conocer si el resultado definitivo del veredicto será favorable.

El gigante estadounidense, con diferencia el principal buscador del ciberespacio, anunció la inminente puesta en marcha de un formulario para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que hace apenas dos semanas le ordenaba la retirada de datos personales de aquellos ciudadanos que apelen a su derecho al olvido. Una comisión asesora de expertos trabajará en sintonía con las autoridades nacionales de protección de datos para analizar las peticiones. Según el diario Financial Times, el comité de expertos general estará formado por el presidente de Google, Eric Schmidt, el consejero general de la compañía, David Drummond, y el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales.

Algunos miembros que integrarán la comisión en Europa serán el exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos José Luis Piñar, el profesor de Filosofía y Ética de la Información de la Universidad de Oxford Luciano Floridi, la experta en derecho de la Universidad Católica de Lovaina Peggy Valcke, y Frank La Rue, relator de la ONU sobre libertad de expresión.

INCÓGNITAS El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez, recordó que llevaba varios años exigiendo al gigante de internet que pusiera en marcha un protocolo como este, y subrayó que se procederá a "analizar detenidamente el procedimiento" conjuntamente con las demás autoridades europeas para velar por "el respeto a los derechos de los ciudadanos".

También la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, consideró que "ya era hora" de que Google diera este paso, al recordar que la legislación europea sobre protección de datos se remonta a 1995. Reding subrayó, no obstante, que pese a que la Comisión Europea acogió con satisfacción el anuncio no cejaría en su empeño de comprobar cómo se lleva a la práctica toda esta teoría. "Necesitaremos examinar cómo funcionará la herramienta", explicó.

El presidente de Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), Ricard Martínez, destacó que "habría un problema añadido" si las autoridades no acaban de avalar el sistema implementado por Google.

PRIVACIDAD O INFORMACIÓN Martínez constató que la aprobación de la norma dejaba claro que no bastaría un automatismo para solventar la demanda ciudadana, dada la complejidad de establecer en cada situación "si debe predominar el derecho a la privacidad o a la información". Y advirtió de que el tiempo de espera de los demandantes es aún una incógnita mientras no se sepa los recursos que Google destine a este fin.

El dirigente de la APEP destacó que el problema de la reputación en la red no termina aquí. "La sentencia es muy clara con Google, pero no tanto con el maltrato de los datos en origen. La información sigue existiendo aunque el buscador la elimine. Las futuras leyes europeas deberán ser más precisas, más técnicas y más claras".