El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado este miércoles que España no ha adoptado las medidas para garantizar una tratamiento de residuos acorde a la legislación comunitaria en 61 vertederos incontrolados ya en desuso situados en su mayor parte en Canarias, aunque también en las provincias de León, Málaga, Mallorca, Ávila, Burgos y Palencia, entre otros lugares.

“España ha incumplido sus obligaciones al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar que los residuos sean tratados como establece el derecho de la Unión, sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora”, sentencian los jueces.

TRATAMIENTOS INADECUADOS

Según el tribunal, España no ha demostrado durante el juicio que hubiera adoptado las medidas exigidas antes del plazo límit del 26 de septiembre del 2014. Es más, considera que los vertederos en cuestión han funcionado “durante un largo período de tiempo de manera incontrolada e ilegal”, y que los residuos vertidos en ellos “no han sido tratados de la manera adecuada para reducir los efectos negativos en el medio ambiente”.

La Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción contra España en marzo del 2007, tras constatar que sus autoridades no habían adoptado las medidas necesarias para asegurar una gestión de los residuos de los vertederos incontrolados. Siete años después, y tras nuevos intercambios de información, Bruselas lanzó un ultimátum en relación a 63 vertederos incontrolados en desuso pero que seguían por aquel entonces sin sellar ni regenerar de acuerdo con la normativa comunitaria.

PROBLEMAS ECONÓMICOS

España no respondió satisfactoriamente. Según Bruselas, las autoridades españolas siguieron sin asegurar una gestión de residuos adecuada en 61 vertederos y decidió llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE porque el hecho de que esta situación se prolongara durante tanto tiempo tuvo como consecuencia “una degradación significativa del medio ambiente”.

España se defendió ante el tribunal europeo aduciendo problemas económicos, la habilitación posterior de líneas de financiación específicas para acondicionar los vertederos restantes y argumentando que no existe ningún basurero incontrolado en funcionamiento. Sus argumentos no han convencido a los jueces europeos.