El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que ejercen la acusación popular en el proceso contra Joaquim Benítez, no salen bien parados en la sentencia. El tribunal señala que durante la investigación (el Gobierno catalán se personó cuando casi ya había acabado) no «han aportado nada relevante», pues sus calificaciones jurídicas «no han diferido en especial en esencia» de las propuestas por los abogados de las víctimas y la fiscalía. Según los jueces, su participación ha sido «superflua y redundante». De ahí, que el tribunal no haya aceptado que el procesado pague los gastos de estas acusaciones populares, pero sí deberá hacerlo con los abogados de las cuatro víctimas.
La Fundación Champagnat-Maristas Cataluña, responsable de los colegios maristas catalanes, mostró ayer su respeto por la justicia y valoró «de forma positiva» la sentencia, recordando que la institución fue la primera en denunciarlo en el 2011. Sin embargo, lo hizo ante la Fiscalía de Menores, que no puede investigar a ningún adulto. En un comunicado, la fundación afirmó que era una sentencia «esperada y deseada» y que era la primera interesada en que la Justicia actuara; pidió perdón en todos los casos, y subrayó que han puesto todos los medios para que hechos como estos no volvieran a repetirse.
