Cuatro funcionarios del Juzgado de Elpidio José Silva han relatado hoy su "caótica" forma de trabajar y su "fijación con el caso Blesa", que le llevó a tratarles con "prepotencia" cuando cuestionaban algunas de sus decisiones o a acusarles de haber sido "comprados" por el exbanquero.

La funcionaria que tramitó las diligencias de investigación a Miguel Blesa ha rememorado en la cuarta sesión del juicio contra Silva por prevaricación un episodio que ocurrió el 9 de julio de 2013, día en que Manos Limpias presentó una nueva querella contra el exbanquero después de que la Audiencia Provincial de Madrid hubiera anulado todo el procedimiento, el 19 de junio anterior.

Ese día, el juez la emplazó a entrar en su despacho para hacerse cargo de ella, pero la trabajadora se negó a hacerlo porque estaban presentes los letrados y la procuradora del sindicato, que había ejercido de acusación en el "caso Blesa".

"Me acusó de estar trabajando muy mal, de haber sido comprada por Blesa, que iba a ser investigada por esos hechos y que las letradas me iban a explicar lo que yo había tramitado mal en el procedimiento", ha explicado visiblemente alterada antes de definir el tono del acusado "como de prepotencia".

Cuando una de las abogadas comenzó a dictar, la funcionaria salió del despacho en un "gran estado de nerviosismo".

La testigo tuvo que darse de baja tras este incidente porque no podía "seguir trabajando", aunque no le quiso denunciar.

Su relación siempre fue "correcta" con el juez, "pero se torció todo" el 13 de mayo de 2013, cuando los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 9 fueron a declarar en el TSJM con motivo del expediente disciplinario que se había abierto al juez.

Fue ese día cuando Silva dictó el auto de citación de Blesa para comparecer el 16 de mayo por la causa de la compra del City National Bank de Florida pero sin haber abierto el procedimiento, usando para ello el número de diligencias del crédito a Marsans.

"Se le explicó que hacer una cosa así era imposible", pero finalmente tomó la "decisión salomónica" de citar a Blesa bajo un procedimiento que aún no existía.

Durante la investigación, la funcionaria ha asegurado que algunas veces recibió órdenes del juez para no dar traslado a las partes de los recursos del letrado de Blesa, del que le dijo que "no era un abogado importante y se dedicaba a liar las cosas".

Otra funcionaria ha referido que los representantes de Manos Limpias "tenían libre acceso al Juzgado" y "no pedían permiso, entraban directamente" en forma de "séquito".

Aunque no presenció el incidente con su compañera, ha puntualizado que la situación aquel día en el Juzgado fue muy "tensa y desagradable".

"Todo el mundo acabamos tomando Lexatin", ha enfatizado después de precisar que la situación ya era "bastante incómoda" desde antes porque la forma de trabajar de Silva era "bastante caótica".

Durante esos meses, "la fijación era el caso Blesa; la situación era muy extraña", sobre todo a raíz de que una inspección del CGPJ de febrero, que "precipitó los problemas en el Juzgado", creando una "situación insostenible" y "un clima de tensión".

Este caso fue "muy desagradable a nivel personal y profesional" para otro de los testigos, en este caso el secretario judicial, que ha recordado que la primera vez que Silva envió al exbanquero a prisión, el hoy acusado "tenía cierta urgencia" para citarle por la compra del City National Bank de Florida.

"Le dije al señor Silva que se podía esperar perfectamente" a tener el nuevo procedimiento abierto, pero "tenía cierta urgencia por hacerlo de esa manera".

"Yo en ese momento tenía un Juzgado que se estaba derrumbando por todos los lados", ha descrito el testigo.

Previamente, han testificado los autores del informe pericial de KPMG sobre el crédito a Marsans, que revelaba que no se habían cumplido los protocolos de la entidad ni de la Comunidad de Madrid en su concesión, aunque uno ha subrayado que en ningún momento el juez intentó "teledirigir" el contenido del mismo.

Al comienzo de la sesión, el abogado de Silva ha criticado que la Fiscalía abriera diligencias de investigación contra su defendido sin haberlo puesto en su conocimiento, sin haberle llamado a declarar antes de haber interpuesto la querella contra él, lo que a su juicio podría ser constitutivo de un delito de estafa procesal y de impedir el ejercicio de derechos fundamentales.