Gregorio Cano, el violador de la Verneda, sonríe en la fotografía de su perfil de Facebook, en una mueca que pretende transmitir bondad y que parece completamente ajena al revuelo que ha montado. Cano es un agresor sexual en serie que ayer recuperó su condición de hombre libre tras cumplir íntegramente una reclusión carcelaria de 20 años por atacar en 16 meses -entre febrero de 1997 y mayo de 1998- a 17 mujeres. Según los psicólogos que lo han tratado en la cárcel de Brians (Barcelona), Cano «no está rehabilitado». Su regreso a la calle, que entraña el riesgo de que reincida, se ha producido bajo la tormenta social que ha desatado la sentencia de La manada. Una coincidencia que ha enardecido más a las voces que detectan en la ley una despreocupación hacia las mujeres que sufren la violencia sexual machista.
El fallo contra los cinco agresores que acorralaron a una joven en los San Fermines del 2016 ha indignado por su levedad con los procesados, ya que los ha condenado a 11 años de prisión por abusos sexuales pero no por violación. La libertad de Cano también ha indignado, desde el extremo opuesto de la cadena judicial, porque a pesar de que él sí fue condenado a la pena máxima y la ha cumplido íntegramente, recupera su libertad sin haber dejado de ser una amenaza para las mujeres.
El propio Cano, al salir de la prisión con el rostro semioculto bajo una capucha, no ha ayudado a frenar el debate. Todo lo contrario. Tras declarar a los medios de comunicación que lo entrevistaron en el aparcamiento del centro penitenciario que se sentía «rehabilitado», añadió, sobre la utilidad de los programas que ha seguido en la cárcel, que «ahora hay que ver con el tiempo si han sido efectivos o no». Que no lo hayan sido, en su caso, significará que otra mujer, la número 18, habrá sido violada.
Gregorio Cano es ya un hombre libre a todos los efectos porque ha saldado su deuda con la sociedad. El revuelo se montó porque la junta de tratamiento de la cárcel de Brians, un equipo de psicólogos y educadores, considera que existe un riesgo «alto» de que reincida. Por eso la Fiscalía ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que lo vigilen. Fuentes policiales aclaran que este control será «no invasivo». Esto significa que los agentes que le observen irán de paisano y, discretamente, tratando de que él no perciba que está bajo la lupa policial.
El diagnóstico de «rehabilitado», subraya Antonio Andrés Pueyo, profesor de Psicología de la Universidad de Barcelona (UB), «no es una vacuna» que extingue el riesgo de reincidencia por completo. Para averiguar si un agresor sexual entraña riesgo o no para la población en la que pretende reinsertarse se observan unos indicadores que, en el caso de Cano, son preocupantes. Pero la clave, remarca Pueyo, es que ahora «nadie puede obligarle» a seguir un tratamiento psicológico que sería de gran ayuda para evitar que atacara de nuevo.
Ester García, abogada especializada en violencia sexual, recuerda que para casos de agresores múltiples no rehabilitados como Cano la prisión permanente revisable resultaría adecuada, a pesar de que no él no asesinó a ninguna de sus víctimas. Tiene el perfil de un «depredador» y, aunque este recurso no agrada especialmente a la letrada, el sistema español «no dispone de ningún mecanismo que permita controlar realmente a Cano».
En Inglaterra existen centros psiquiátrico-forenses que acogen a agresores sexuales no rehabilitados tras la condena carcelaria. «En estos hospitales», subraya Pueyo, continúan «recibiendo tratamiento» y su caso se reevalúa «cada seis meses». En Estados Unidos se opta por un modelo distinto: aplicar fórmulas legales que «incapacitan civilmente» al procesado y, a pesar de que ya no esté recluso, tiene «fuertemente restringidas sus libertades como ciudadano». Ninguna de estas herramientas existe en España.
