La ley era aparentemente tan inocua y bienintencionada que el Congreso la aprobó por unanimidad, y Barack Obama la firmó poco después sin dilación ni objeciones. Fue en abril del 2016, en pleno apogeo de la epidemia de analgésicos opioides y heroína que ha desatado la mayor crisis de drogodependencia en la historia moderna de Estados Unidos, un drama con más de 200.000 muertos en los últimos 17 años. Pero aquella norma supuestamente concebida para que los pacientes con dolores crónicos recibieran su medicación sin contratiempos tenía trampa. Su propósito no era otro que maniatar a la agencia antidrogas (DEA) en sus esfuerzos para perseguir a las distribuidoras sospechosas de abastecer a los médicos y farmacias sin escrúpulos que alimentan el mercado negro de pastillas opioides con el único fin de engordar sus cuentas bancarias.

Las maniobras de pasillo de la industria farmacéutica, con su ejército de lobistas y sus donaciones millonarias a las campañas de los políticos, fueron esenciales para que la ley fuera aprobada. Pero la industria no actuó sola, como ha demostrado una explosiva investigación conjunta de The Washington Post y 60 Minutes, el programa de reportajes de la CBS. Contó con la colaboración indispensable de varios congresistas, que se encargaron de promover la ley y doblegar la resistencia inicial de la DEA y el Departamento de Justicia. Al frente de la campaña estuvo el congresista republicano por Pensilvania Tom Marino, el hombre elegido en septiembre por el presidente Donald Trump para ser su zar antidroga, el futuro director de la Oficina Nacional de Control de Drogas.

Marino tuvo que renunciar el martes al cargo tras destaparse el escándalo y airearse que recibió 92.000 dólares de la industria farmacéutica desde el 2013. No fue el único. Los 23 congresistas que apadrinaron las cuatro versiones de la ley, incluida su formulación final, recibieron en el mismo período 1,5 millones de dólares. Entre ellos está también el senador Orrin Hatch, asimismo republicano, el hombre que negoció la versión final del texto, quien se embolsó 177.000 dólares de Big Pharma.

El escándalo ha estallado en vísperas de que Trump declare la semana que viene la emergencia nacional por la crisis de los opioides y la heroína, como anunció que haría, si bien no sería la primera vez que aplazara la decisión. «Esta industria está fuera de control. Si no cumplen con la ley que regula la distribución de medicamentos, y los fármacos se desvían para fines ilícitos, la gente muere. Es así de sencillo», ha asegurado Joseph Rannazzisi, quien fuera responsable al frente de la DEA de prevenir el desvío de fármacos opioides al mercado negro. Rannazzisi fue destituido en el 2015, después de que el recién nombrado director de la agencia forzara su salida en un intento por mejorar las relaciones entre la DEA y la industria farmacéutica.

VICTORIA / La nueva ley supuso la victoria final de la industria y su codicia sobre los esfuerzos de las autoridades para prevenir la venta ilícita de hidrocodona y oxicodona, los genéricos responsables de la espiral de adicción que hace estragos en el país y que es para muchos el primer paso antes de caer en las fauces de la heroína y el fentanilo. Hasta entonces, los agentes de la DEA podían requisar los envíos sospechosos de las distribuidoras a clínicas y farmacias cuando determinaban un «peligro inminente» para la comunidad. Es el caso, por ejemplo, de una clínica del dolor en Kermit, un pueblo de 400 habitantes de Virginia Occidental. Durante dos años, recibió nada menos que nueve millones de pastillas de hidrocodona. Más que una clínica era un supermercado ilícito de drogas.