Es tradición en los últimos 16 años que el último ejercicio de cada mandato sea un vía crucis para el Gobierno de izquierdas que dirige la ciudad. Porque votar ‘no’ significa echarse encima a las entidades que dependen de las subvenciones y convenios. Y penaliza siempre más a quien debe apoyar las cuentas que a quien busca votos en la oposición.

El PSOE se aferra a que el Ministerio de Hacienda, que fue quien impuso a Zaragoza la prohibición de captar más deuda a largo plazo, debe comunicar, antes de negociar el presupuesto, que ese veto ya no existe. Si como dice ZeC se aclaró cómo computa la deuda del tranvía y no se supera el 110%, que lo diga. Pero esa carta ni está ni se le ha pedido.

Algunos grupos dan por sentado que toda posibilidad de acuerdo presupuestario se rompió cuando Podemos decidió no negociar las cuentas de Aragón con el Gobierno de Javier Lambán. Ni hay diálogo en el Pignatelli ni en la plaza del Pilar. La diferencia es que en la ciudad sí hay un borrador que poder debatir, que el día 31 se aprobará sin pactar y que da tiempo.