La auditoría encargada por el Gobierno de Zaragoza revela que el consistorio tiene pendientes de pago hasta 103 millones de euros, un «agujero» económico que no podrá abonar este año. El informe confirma que el 2018 cerró con una deuda de 863,6 millones, convirtiéndo a la capital aragonesa en la segunda «más endeudada». Unos datos que condicionarán los presupuestos del 2020 limitando la inversión y que vienen marcados por la prórroga presupuestaria.

La responsable de Hacienda, María Navarro, fue muy clara: «la situación es delicada» porque el consistorio no podrá hacer frente a esos cien millones de ninguna forma, por lo que no le queda otro camino que negociar para retrasar ciertos pagos.

De los 100 millones, 24,3 corresponden a infradotaciones de los servicios. Por ejemplo, el contrato de conservación de zonas verdes es el más afectado, con un déficit de 5,5 millones, seguido de los 2,6 en la recogida de residuos, los 2,5 en el programa de energía eléctrica, los 2,1 en la limpieza o los 1,4 en el transporte público.

MEDIDAS

Navarro calcula que se podrán sanear entre 9 y 11 millones que se detraerán de otras partidas que se quedarán sin financiación. La concejala conservadora explicó que la prórroga presupuestaria arrastró unas partidas que ya estaban infradotas en el 2018 y que, además, la modificación de créditos de abril del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) para pagar a las entidades sociales todavía las vacío más, de modo que la brecha se incrementó.

El tema de las contratas no termina aquí. Porque las revisiones de precios, liquidaciones y certificaciones pendientes del consistorio ascienden a 35,1 millones. Si la cifra no es ya suficientemente escalofriante, podría verse aumentada con otros 14,6 millones por las revisiones del contrato de limpieza del 2017 y el 2018.

En este caso, Navarro explicó que habrá que renegociar con las empresas y hacer un plan de pagos que le permita al consistorio coger algo de oxígeno. Pero claro, no hay que olvidar que todo lo que no se abone este año habrá que pagarlo el próximo y con intereses.

Por otro lado, Zaragoza adeuda 39,6 millones en sentencias firmes condenatorias. Para hacerles frente, el Gobierno municipal ya ha aprobado adherirse al Fondo de Impulso Estatal y ha solicitado al Estado un préstamos de 37 millones, con unas condiciones ventajosas. El pero de esta cuestión es que aumenta la deuda municipal a largo plazo.

Coleando quedan, por ejemplo, 2,7 millones pendientes de pago por la expropiación del Tiro Pichón y por una sentencia sobre la línea de bus al aeropuerto. También se suman a la lista los gastos derivados de procedimientos expropiatorios en trámite y de convenios urbanísticos que se elevan a 2,3 y 1,2 millones, respectivamente.

Estos son los datos obtenidos de la auditoría realizada por Intervención y que el Gobierno PP-Cs encargó al llegar a la alcaldía. «No es alarmismo, ni herencia recibida, es la realidad», aclaró la responsable de las cuentas municipales que aseguró que se han puesto manos a la obra para buscar soluciones, como acudir al FIE o amortizar 8,6 millones de deuda de un préstamo del 2018, evitando que Zaragoza entre en un plan de ajuste durante los próximos dos años.

Para la vicealcaldesa, Sara Fernández, este informe «corrobora» lo que PP y Cs denunciaron durante la pasada legislatura. Como que las sentencias originarían un gran agujero a las arcas públicas y que la modificación de créditos de abril, tal y como estaba planteada, podría tener consecuencias.

El propio interventor lo advirtió. Los presupuestos del 2020 se elaborarán, pues, con una gran losa de casi 100 millones.