LA CATASTROFE. A las 3.30 de la madrugada (hora local) del 26 de mayo del 2003, un avión ucraniano Yakovlev 42 se estrelló con 62 militares españoles a bordo al noreste de Turquía. Regresaban a España tras cuatro meses en Afganistán. El ministro de Defensa, Federico Trillo, se desplazó poco después a Trabzon --lugar del siniestro-- y allí mismo achacó el suceso a "las malas condiciones meteorológicas".
LA TORMENTA POLITICA. El funeral, el 28 de mayo en Torrejón de Ardoz, fue un anticipo de la tormenta política que tendría lugar meses después. Los familiares de los fallecidos increparon en varias ocasiones al expresidente del Gobierno español, José María Aznar y, sobre todo, a Trillo, al que acusaron de hacer volar a las víctimas en aviones inapropiados.
LAS ELECCIONES. Durante la campaña de las últimas elecciones, la polémica renació. Los familiares tenían fundadas sospechas de que Defensa sabía que se habían identificado incorrectamente los cadáveres. Y así lo certificaron las pruebas de ADN, que dejaron un triste saldo de 30 errores en los reconocimientos.
LA JUDICIALIZACION. Cuatro meses después de las elecciones, el pasado 15 de julio la Audiencia Nacional decidió investigar el accidente aéreo. La juez Teresa Palacios dio un giro radical en su actitud, después de que hubiera archivado las dos denuncias penales interpuestas por las familias. El cambio en el Ejecutivo resultó clave para que comenzara la investigación.
EL CHOQUE POLITICO. En un debate tenso como pocos, Trillo y su sucesor, José Bono, se enfrentaron en el Congreso el 21 de septiembre. Del choque quedó, sobre todo, una acusación. "Por el ahorro despreciable de 6.000 euros" --dijo Bono-- los militares volaron en pésimas condiciones.
EL PASO CLAVE. El pasado 11 de noviembre, Palacios dio el visto bueno para proceder a la exhumación de los 30 cuerpos que fueron mal identificados. Y citó a los cuatro imputados y a dos testigos.
