La dramática vivencia de Josefina, la anciana aragonesa que por su invalidez tuvo que permanecer durante dos días con el cadáver de su compañero de piso sin poder avisar a nadie, no es un hecho aislado. El 23% de los zaragozanos mayores de 65 años (25.947 personas) vive solo y únicamente una pequeña parte cuenta con ayuda pública.

De momento, la teleasistencia llega a 3.100 personas en la capital del Ebro y, aunque la cifra se ha incrementado en los últimos años, las listas de espera lo han hecho paralelamente. Por otro lado, la asistencia domiciliaria de la DGA apenas cubre a unos 12.000 de los 240.000 mayores de 65 años que viven en la comunidad, 55.625 de ellos octogenarios y el 10% del total, dependientes.

En concreto, las tasas de cobertura asistencial de Aragón se sitúan en torno al 2,3% de la población, algo por encima de la media española (1,8%), pero muy inferior a la de Europa (8%).

Todos los indicadores señalan hacia el hecho de que la oferta no es suficiente para cubrir la demanda de las personas mayores en Aragón. De hecho, las instituciones reconocen que el crecimiento de la tasa de envejecimiento (del 21%) supera al de los recursos con los que cuenta esta parte de la población.

DEPENDENCIA Se calcula que en Aragón hay unos 20.000 ancianos dependientes. En contrapartida, 12.376 usuarios se benefician de la asistencia a domicilio unas horas por semana. Otros 4.545 ocupan plazas públicas en residencias, aunque no todas ellas están preparadas para asistidos (con mayores necesidades que los llamados válidos). Y de este cupo, sólo la mitad pertenece a la DGA, mientras que el resto es propiedad de distintos ayuntamientos.

La peor parte se la lleva, probablemente, la ciudad de Zaragoza, donde sólo existen en la actualidad cuatro residencias públicas, una de ellas de propiedad municipal. El propio teniente de alcalde de Educación, Acción Social y Juventud, Miguel Gargallo, recordaba la existencia en la legislatura pasada de un Plan Metrópoli de la DGA para crear cuatro equipamientos más para asistidos en Zaragoza. El proyecto sigue "congelado". Por otra parte, Gargallo se comprometió a seguir reduciendo la lista de espera de teleasistencia, "aunque estas realidades dramáticas a veces nos superan", añadió.

CRITICAS En Aragón, la falta de plazas residenciales, especialmente para asistidos, ha sido una de las contínuas críticas que la oposición ha vertido contra el Gobierno de Aragón. El PP denunció el año pasado una lista de espera de 6.000 personas que intentaban conseguir una de las poco más de 4.500 plazas residenciales públicas. En las Cortes de Aragón, la DGA rebajó esta cifra a la mitad. Ayer, fuentes de la Consejería de Servicios Sociales afirmaban desconocer el montante actual.

Igualmente, las diferencias que existen entre la cobertura que se ofrece en unas comarcas y en otras (que oscila entre el 0,4 y más del 4% según el caso) ha levantado las críticas de los grupos parlamentarios de PP y CHA. Las transferencias a las comarcas de estas competencias no garantizan, según afirman, la asistencia social, ya que el dinero lo gestiona cada ayuntamiento según su criterio. La diputada popular Rosa Plantagenet reclamó en este sentido la redacción de la Ley de Ordenación de la Acción Social como garante de estas transferencias. Asimismo, denunció el "ocultismo" de la DGA respecto a las listas de espera de residencias públicas. Por su parte, la parlamentaria de CHA Yolanda Echeverría incidió en la necesidad de crear más plazas de calidad para válidos y de fomentar la equidad en la distribución de los servicios.