Hoy tendrá lugar en Madrid una manifestación sin precedentes, protagonizada por la España Vaciada y convocada por Plataformas como Teruel Existe, ¡Soria Ya!, la Otra Guadalajara o la Asociación de Amigos de la Celtiberia… Con ello, probablemente, la cuestión entre en la agenda electoral estatal, como ya entró en la de Aragón u otras comunidades. Si es así, al menos en campaña, se dedicará un espacio a la queja de esa España interior que muere día a día, por despoblación; al igual que, tras la movida del 15-M, tocará reservar un espacio a los jóvenes que nos sacan los colores por la herencia climática que les dejamos y, con el 8-M reciente, a la exigencia feminista de justicia e igualdad. Sin embargo, si todo se queda en proclamas y promesas electorales, lejos de ser positivo, incrementará el descrédito de nuestras instituciones.
En estos últimos años, como diputado en el Congreso, al ocuparme de las cuestiones relativas al desarrollo rural, además de la política de aguas, he podido constatar hasta qué punto, para la mayor parte de los partidos y de sus dirigentes, el tema rural es algo marginal, ajeno a las prioridades de la política con mayúsculas y con presupuestos.
Los entusiastas neoliberales del mercado, tanto en la derecha como en ciertos entornos socialistas, confunden desarrollo rural con PIB agropecuario; con lo que todo va bien si crecen producción y exportación, aunque los pueblos sigan envejeciendo y vaciándose. Macrogranjas y ganaderos forzados a trabajar como falsos autónomos para grandes integradoras, que usan el territorio como sumidero de purines; intensificación agroexportadora con inmigrantes esclavizados y ríos y acuíferos sobreexplotados y contaminados; subvenciones europeas indiscriminadas que apenas permiten subsistir a la explotación familiar, pero garantizan beneficios millonarios a las grandes explotaciones; libres mercados de aguas para que los caudales vayan a quienes puedan pagar más, al tiempo que se señala la puerta de salida a los más débiles… Este es el modelo de éxito que hace crecer el PIB agropecuario, mientras se contaminan ríos y acuíferos, se empobrece la fertilidad de la tierra, se impone la dependencia de semillas transgénicas y pesticidas, se perfila el reventón de la burbuja porcina y se imponen precios en los mercados internacionales imposibles para la explotación familiar, quebrando el relevo generacional y acelerando la despoblación rural.
Pude constatar también cómo se manipula la despoblación rural para reivindicar fondos desde comunidades autónomas con comarcas deprimidas, sin garantizar que tales fondos se destinen a revertir la despoblación de esas comarcas. Cantabria, por ejemplo, tiene comarcas de montaña en despoblación, pero si los fondos que recibe se emplean en mejorar los accesos a Torrelavega o a las playas cántabras, la montaña seguirá despoblándose. En otros casos, las grandes infraestructuras (autovías, AVE…), a menudo reivindicadas para combatir la despoblación, lejos de vertebrar territorios sirven para vaciarlos más deprisa y atravesarlos más rápido, camino de la gran ciudad.
En el Congreso he pasado tres años revindicando la reactivación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, una buena ley del Gobierno Zapatero, que Rajoy bloqueó, retirando el 100% de su financiación, aunque no se atreviera a derogarla. Una ley cuya principal virtud no radica tanto en los fondos estatales, autonómicos y europeos para comarcas deprimidas, como en la gestión participativa de los mismos, desde esas comarcas. Por ello, fue mucha la ilusión que la ley levantó en nuestra España Vaciada, y en particular en Aragón, donde se dieron los primeros pasos para implantarla.
A lo largo de estos tres años conseguí el apoyo de la mayoría de la Cámara para aprobar las proposiciones no de ley y mociones presentadas en pro de reactivar esta ley; pero cuando tratamos de introducir una partida en los presupuestos del Gobierno Rajoy, como era de esperar, PP y Ciudadanos lo bloquearon. Sin embargo, aún no entiendo que, con el Gobierno de Sánchez, fuera imposible meter una partida para reactivar la ley, en los presupuestos que finalmente se frustraron. La verdad es que, a día de hoy, esta ley parece más un proyecto de Unidas Podemos que una ley socialista.
Espero que la manifestación de este 31-M sea el punto de partida de un movimiento de rebelión rural, similar al de la rebelión feminista del 8-M y al de la rebelión ambiental por el clima que pusieron en marcha los jóvenes este pasado 15-M.
