Esta es la media que ahora dejan los servicios sociales para dar respuesta a las peticiones de ayudas de urgencia que les llegan desde los ciudadanos. Y el problema al que se enfrenta el responsable de Acción Social, Roberto Fernández, al que le piden que esta cifra se reduzca a un máximo de 15 días, por mandato del pleno y como contempla la nueva ordenanza, pero al que no le ponen medios humanos para conseguirlo, para mejorar los tiempos de resolución de expedientes.