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en España

80 personas fallecen al día sin haber cobrado

 

A.L.
01/03/2019

El último informe del Observatorio de la Dependencia dejó ayer datos escalofriantes: en el 2018 murieron en España 30.400 dependientes esperando a recibir los servicios que les habían sido reconocidos por ley. Es decir, 80 personas fallecieron al día sin haber recibido ningún tipo de prestación pese a tener derecho a ella. «No se puede tolerar esa cifra. No mueren por falta de aplicación de la ley, pero sí con una vulnerabilidad mayor y con una falta de dignidad y de calidad de vida en su etapa final», denunció el responsable de la asociación, José Manuel Ramírez,

De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65 %) y un tercio (35 %) son hombres; el 72,5% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,5% del total. Por comunidades, la atención es «plena» en Castilla y León, Ceuta y Melilla y ha progresado «positivamente» en los dos últimos años en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Es cierto que las listas de espera de la dependencia se redujeron el año pasado en 60.000 personas, pero siguen esperando la ayuda 250.037 usuarios, de los que el 60% viven en Cataluña y Andalucía. El informe advierte de que la reducción de las demoras se ha hecho «en gran medida» a costa de atender a los dependientes moderados con servicios «de bajo coste». En este sentido, la asociación muestra su preocupación por el hecho de que cuatro de cada diez personas que esperan son dependientes severos (grado II) o grandes dependientes (grado III) (98.236 personas), los que más necesidades de atención tienen y con mayor coste.

El observatorio analiza que si se hubiera aplicado el proyecto de presupuestos del Estado para el 2019, con una partida de 415 millones de euros, se hubiera permitido atender a casi 70.000 personas más y se habrían generado 16.000 nuevos empleos directos. «La dependencia es la mejor inversión, no hay otro sector productivo que genere tanto empleo estable y tanto retorno económico», añadió Ramírez, que detalló que «solo en este año se han generado 29.000 puestos , sin haber realizado el incremento presupuestario que debería haberse hecho», puntualizó.

Del gasto público directo en dependencia para el 2018, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80% restante, «muy lejos» de lo que marcó la ley, que establecía el 50% por cada administración autonómica.