El Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) llevan desde el 2010 defendiendo que es el ayuntamiento quien debe computar el global del importe financiado para la construcción de la línea aunque se hiciera a través de una entidad mercantil como Los Tranvías de Zaragoza que es una sociedad de economía mixta en la que solo representa el 20% de las acciones. Por ese motivo el consistorio nunca ha computado ni un euro de esa deuda. Pero el año pasado, cuando el Gobierno de España tuvo que dar cuenta a Bruselas de la deuda pública, impuso su criterio y en septiembre notificó su veto a captar más crédito.
El ayuntamiento se reunió en noviembre con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el ministerio para unificar criterios y buscar una solución definitiva, ya con la prohibición vigente desde septiembre de captar más deuda. Se concluyó que había que descontar el IVA, 40 millones de euros, de la cifra global que defendía Hacienda y que superaba los 230. Y se acordó que el consistorio reconocería como propia la deuda que representaba la subvención al billete que se pactó en esa concesión a 35 años y que culmina en el 2044, además de la parte de la financiación de la obra y el pago por disponibilidad de las 26 anualidades que faltan por abonar.
La respuesta es clara: No. Esta discusión radica en una mera interpretación técnica sobre cómo contabilizar una deuda que Zaragoza, aunque tuviera el dinero en caja, no podría devolver nunca de inmediato. Se trata de una relación contractual con una sociedad mixta, Los Tranvías, en la que participa pero no es el socio mayoritario y que gestiona y explota la línea durante 35 años. Es una concesionaria del consistorio, presta un servicio público con unas condiciones económicas que la ciudad debe asumir año a año. Por tenerla funcionando y porque el usuario no pague los 2,5 euros del coste real del billete. Lo que cuesta ni se puede saber ni abonar por adelantado.
El interés del Ayuntamiento de Zaragoza en esclarecer las cifras de la deuda del tranvía es clave. El ministerio impuso el veto a captar más deuda porque al imputar los más de 200 millones en los que cuantificaba la del tranvía el nivel de endeudamiento de la ciudad se situaba en el 126% del total de ingresos en un año, por encima del 110% que permite la ley. Reconocer esos 200 impide nuevos préstamos este año, pero admitir 84,7 dejaría ese porcentaje en el 101%, por un dinero que abonará igual en los próximos 26 años. Al ministerio le importa porque lo que asuma la ciudad, no lo tendrá reconocer la Administración central como deuda pública de cara a Europa.
La discusión sobre la deuda que el Ayuntamiento de Zaragoza debe computar por la construcción y funcionamiento del tranvía parte de una interpretación meramente técnica sobre un asiento contable en las finanzas locales. La obra del tranvía y la concesión suponían un montante global de 387 millones de euros. A esta cifra hay que descontarle los 128 millones que el ayuntamiento se comprometió a abonar como subvención directa (de la que la DGA abonaría el 50%, 64 millones, que no pagó) y que desembolsó entre el 2010 y el 2015, y los 40 de IVA. Descontada la amortización, la deuda oficial es de 180,09 según el informe.
