Después de que Zaragoza en Común (Zec) haya criticado la actuación del abogado de Ecociudad en la elaboración de un informe en el que se le atribuye la presunta comisión de hasta cinco delitos al alcalde Pedro Santisteve, la abogacía de la capital ha reaccionado desdiciendo el argumentario del grupo municipal.

En concreto, el consejero de ZeC en Ecociudad, Guillermo Lázaro, afirmó que «hay vicios en la tramitación del informe, ya que se da un conflicto de intereses en el que el abogado de la sociedad está perjudicando a miembros del consejo». «El abogado, por su código deontológico, no puede acusar o advertir de que hay delitos por parte de sus representados», señaló ayer Lázaro a los medios de comunicación, tras reunirse el consejo de administración de Ecociudad.

Sin embargo, fuentes de la abogacía zaragozana rechazan estas explicaciones porque «una sociedad tiene derecho a solicitar informes jurídicos beneficien o no a terceros». Llegan a señalar que en el caso concreto de Ecociudad «tiene su propia personalidad jurídica» y, por tanto, autonomía para solicitar cualquier tipo de informe.

Como ejemplo, estas mismas fuentes señalaron que las empresas suelen solicitar auditorías externas en las que si se han detectados gastos irregulares por parte de los trabajadores se detallan de cara a ser depuradas.

El conflicto de intereses se puede procudir cuando un abogado representa a dos clientes que son adversarios en un determinado caso; en los asuntos en los que se asume la representación de dos clientes que tienen casos por separado, pero en los que la situación jurídica de uno de ellos va a tener consecuencias negativas para el otro cliente; cuando su representación se mezcla con algún beneficio personal o se defiende y a la vez se tienen relaciones comerciales con el cliente, y si dos abogados de una misma firma o bufete de abogados representan a dos clientes en un mismo caso con intereses contrarios.

Estas mismas fuentes también restaron importancia a las críticas por parte de ZeC sobre la forma en la que Ecociudad va a presentar ante Fiscalía el informe de los servicios jurídicos municipales en los que se señala que la actuación de Santisteve en lo que respecta a este asunto no incurrió en ningún tipo de ilícito penal, ya que será como anexo y no dentro del informe en el que se habla de delitos y que fue realizado por el abogado José Antonio Sanz Cerra. Destacaron que ni la Fiscalía ni el juez (si llega a judicializarse el asunto) van a dejar de analizar una prueba teniendo en cuenta un detalle que calificaron de «menor».

Abogados consultados insistieron en la honorabilidad tanto del cuerpo de letrados del consistorio como del abogado de Ecociudad. «Cada uno trabaja con los informes que le han dado las partes», recalcaron. De este último señalaron su independencia, sus más de 27 años de experiencia y su labor al frente de varias comunidades de regantes.