La sentencia sobre La Muela produjo ayer reacciones enfrentadas. Por un lado, Santiago Palazón, abogado de Mariví Pinilla, anunció que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría retrasar un año y medio la terminación definitiva del caso. No obstante, la Audiencia puede ya, con el fallo en la mano, decretar el ingreso en prisión provisional de la exalcaldesa de La Muela y de los acusados con más de dos años de condena.

Palazón calificó la resolución de «dura» y dijo que se basa en un «prejuicio», el de que «existía una trama de corrupción urbanística en La Muela». En su opinión, se trata de un aserto que no ha sido demostrado. «Ese sesgo ha condicionando toda la sentencia», añadió el letrado.

Asimismo, Palazón criticó la forma «nada homogénea» de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. «pues en unos casos se aplica y en otros no».

Enrique Esteban Pendás, defensor de Alberto Lozano, director de la oficina de Cajalón en La Muela, mostró ayer su satisfacción por la absolución de su cliente «tras años de calvario y de penuria». Y con respecto a Antonio Fando, señaló que no esperaba «esta sentencia, no tanto por las penas como por cuanto se siguen manteniendo todos los delitos pese a que la carga de la prueba de las acusaciones no se ha practicado».

Por su parte, Adrián Tello, alcalde de La Muela la pasada legislatura y la que se acaba de iniciar, opinó que la segunda sentencia «es mejor que la primera» en lo que se refiere a las indemnizaciones que se deben abonar al ayuntamiento por los perjuicios económicos sufridos, y que ascienden a 1,7 millones en total, frente a los 400.000 que contemplaba la anterior resolución.

ESPERANDO AL SUPREMO / «Ahora nos encontramos con que la venta de terrenos municipales de forma irregular se tiene en cuenta y antes no», agregó Tello, que declinó pronunciarse sobre las penas de cárcel impuestas a la alcaldesa y el resto de los acusados.

Con todo, el regidor de La Muela mostró su cautela ante lo conseguido con la resolución de la Audiencia de Zaragoza. «Aún falta que se pronuncia el Tribunal Supremo y eso puede demorar la consecución del arreglo definitivo de la situación desde el punto de vista legal», manifestó Adrián Tello.