Accesibilidad universal. Estas dos palabras resumen el objetivo principal de ocho fuerzas políticas aragonesas que ayer expusieron, convocados por la entidad Plena Inclusión, qué política contemplan sus respectivos programas electorales para abordar los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad motora e intelectual. En el debate, moderado por Luis Pastor, de Plena Inclusión Aragón, los representantes de las distintas asociaciones preguntaron por temas de empleo, familia, deporte, sanidad, servicios sociales y, sobre todo, accesibilidad.
Marga Deyá, de IU, abogó por un enfoque «social» y «desde lo público» para dar respuesta a los problemas que afrontan los discapacitados, ya sea en el campo de la sanidad, la educación o la vivienda. Por Chunta Aragonesista, el concejal Carmelo Asensio, habló de la necesidad de eliminar «no solo las barreras físicas», sino también «los prejuicios y el desconocimiento» de la sociedad, con el fin de que las personas con discapacidad lleven «una vida autónoma» para la que están «plenamente preparadas». Asimismo, insistió en la idea «fundamental» de lograr, con políticas municipales, la «igualdad» en el acceso a la vivienda y al empleo.
Susana Gaspar, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, manifestó que «la base» del programa político de su formación «es la igualdad, con independencia de las condiciones y la situación» de las personas. Señaló la «importancia» de la atención temprana tanto en la sanidad como en la educación y se refirió en concreto a la «doble discriminación» que padecen las mujeres discapacitadas, «como mujeres y como discapacitadas».
Por el PAR, Elena Allué, candidata a la alcaldía de Zaragoza, incidió en que las políticas sobre discapacidad deben poner el foco «en todo el proyecto de vida», desde el nacimiento a la madurez y la tercera edad, con el fin de aumentar su efectividad.
Raúl Gay, diputado autonómico de Podemos, criticó que los discapacitados sean «ciudadanos de segunda», y, en el caso de los discapacitados intelectuales, «de tercera». «La Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad tiene que aplicarse, pues, si no se hace, no servirá para nada», declaró Gay.
Marian Orós, del PP, se mostró en contra de la «politización de la política hacia la discapacidad» e hizo hincapié en la necesidad de personas con formación especial en discapacidad tanto en educación como en sanidad.
Luisa Broto, concejala de Acción Social, tocó conceptos como el de «ciudad cuidadora», la universalización de la teleasistencia y la aplicación de políticas sostenibles que favorezcan a las personas con discapacidad. Finalmente, María Ángeles Ortiz, del PSOE, manifestó que el mayor esfuerzo se hará en empleo, pues se trata de un colectivo «con el doble dede tasa de paro».
