Cuatro de los nueve acusados por malversación terminaron condenados por ese delito: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó fueron absueltos. Pese a que suscribieron el acuerdo en el que anunciaban la asunción solidaria de todos los gastos del Govern para el referéndum unilateral, los jueces consideran que no se ha probado que estos cinco absueltos pusieran sus departamentos al servicio de gastos concretos justificados para el 1-O.
La sentencia del Tribunal Supremo explica que los exconsellers condenados por malversación no solo ejecutaron actos de «manifiesta deslealtad» en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente en el decreto del 6 de septiembre del 2017.
Los magistrados hablan de «consorcio delictivo» y consideran probada la desviación de destino en gastos para la publicidad institucional, la organización de la administración electoral, la confección del registro de catalanes en el exterior, el material electoral, el pago de observadores internacionales y las aplicaciones informáticas.
Lo que se argumenta en la sentencia es que todas estas iniciativas supusieron «gastos ajenos a cualquier fin público lícito» y que fueron canalizados a través de los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, Salud y Cultura.
A Romeva se le atribuyen todos los pagos vinculados con el Diplocat; a Turull, los canalizados a través de Presidència (como las campañas de publicidad y la página web referendum.cat), y a Junqueras el coste, entre otros, de las visitas de los parlamentarios europeos. A Bassa se le imputan la impresión de las papeletas y la asunción de una de las cinco partes en las que se fraccionó el encargo a Unipost.
BAILE DE NÚMEROS / El alto tribunal considera acreditado que la malversación supera «ampliamente los 250.000 euros», cifra a partir de la que se considera tipo penal agravado. La resolución no aclara la cantidad malversada. La Abogacía del Estado calculaba 1,9 millones de euros y la Fiscalía lo elevaba a tres millones. Vox la cifraba en 4.279.985,03 y reclamaba que los acusados retornaran esta cantidad, pero la sentencia recuerda que la acción popular no puede instar un pronunciamiento de responsabilidad civil y que esto corresponde a la Abogacía y la Fiscalía, que ya pidieron remitir la sentencia al Tribunal de Cuentas.
Será este último organismo, como ocurrió con el Gobierno de Artur Mas por el 9-N del 2014, el que determine esta responsabilidad civil por la malversación.
«Todos los gastos iban dirigidos al plan estratégico del referéndum. Las partidas habilitadas estaban necesariamente destinadas a ese fin»
