Ya cantaba Amaral que el dinero se esfumó / ya no hay sitio para nadie, y eso parece ser lo que ha ocurrido en el gremio de los administradores concursales en Aragón, lastrado lógicamente por el desplome de los concursos de acreedores en los últimos años. Las sociedades que desde hace un lustro asumen estos intentos de reflotamiento empresarial (que en la inmensa mayoría de casos acaban siendo de liquidación) se han reducido a la mitad en cinco años, de las 140 que llegaron a ser en el 2013 a las 70 que existen hoy, y se espera que las nuevas listas elaboradas para el 2018 reflejen una caída «brutal», según fuentes jurídicas consultadas. La bajada va pareja a la de los concursos de acreedores tramitados en la comunidad, que de hecho han caído en una proporción aún mayor, de casi un 60%, al pasar de las 309 empresas concursadas en el 2013 -el año con mayor número- a las 134 del año pasado. Este año, con datos del Poder Judicial hasta el primer semestre, parece que se van a mantener estables, con 69 concursos presentados.
La caída de los concursos de acreedores que ha llevado aparejada la de los administradores concursales (los gestores que, por designación judicial, pilotan el proceso del concurso) podría verse como un indicio de la recuperación económica, pareja a la de la recuperación del número de sociedades. Pero varios administradores consultados indican que, más que por bonanza económica, los concursos han caído porque no queda mucho que liquidar. Los datos del Poder Judicial parecen darles la razón, no solo en cuanto a los números globales de procedimientos, sino en cuanto a sectores, número de empleados y volumen económico de las empresas sometidas a concurso en los últimos años. La evolución de estos procedimientos es un fiel reflejo de la crisis económica que teóricamente se está disipando. Así, las empresas industriales aragonesas sufrieron 39 concursos de acreedores en el 2009 (año oficioso del inicio de la recesión en Aragón, pasado el efecto Expo), que aumentaron hasta los 77 del 2012 o los 67 del 2013, los años duros. Luego han ido paulatinamente decayendo hasta quedar, el año pasado, en 18.
CONSTRUCCIÓN
Por número, y al igual que sucedió en el resto de España, el sector del ladrillo ha sido el que más ha sufrido estos años, y fue el que antes comenzó a notar los efectos. Ya en el 2009 fueron 64 las empresas concursadas, que llegaron a ser 81 en el 2012 y hasta 95 en el 2013. El año pasado bajaron hasta 34. El número de empleados y el volumen de negocio también son un buen reflejo de la idea de que si no hay más concursos, es porque queda poco que concursar. Así, las grandes empresas concursadas, de más de cien empleados, no han pasado de seis ningún año (lo fueron en el 2009, y también en el 2006), y pasaron a tan solo tres en el 2013 y el 2014; el año pasado, no hubo ninguna. Algo similar ocurre en la cifra de negocio, que tampoco contó con ninguna concursada en el 2016 de más de 10 millones de euros de volumen de negocio, después de haber alcanzado las 24 en el 2013.
La evolución de los administradores concursales apuntados como tal en Aragón es difícil de seguir, ya que el sistema cambió alrededor del 2013. Hasta entonces, se establecía un triunvirato entre un abogado, un economista -o titulado mercantil- y el mayor acreedor del concurso, o un representante designado por este. Pero se comprobó, por un lado, que este sistema encarecía mucho el proceso, ya que los administradores cobran una parte proporcional de los fondos que se manejan en el proceso. Y también estaba el que podríamos llamar factor trabajo de clase. Es decir, que alguno de los tres, si no dos, acababa por escaquearse y desentenderse de sus tareas.
La tarea acabó siendo asumida por un solo administrador, habitualmente inscrito en una sociedad dedicada al tema. La evolución de estas empresas, comprobable a través de los listados judiciales, permite ver cómo en los años buenos (concursalmente hablando) eran 130 o 140, mientras este año ya solo son 70, y se augura una espantada mayor.
Los administradores ven cada vez menos negocio, en una tarea ingrata en la que no se libran incluso de querellas de los concursados, si estos consideran que no están velando por sus intereses. Y en los últimos años, parece que ya tarde, Hacienda también ha comenzado a apretarles las tuercas con sus ganancias. Así que el sector se va quedando despoblado, cual municipio rural aragonés, por falta de alicientes.
