El expresidente, Agapito Iglesias, y el Zaragoza, representado por Fernando Sainz de Varanda, fueron los grandes protagonistas ayer en el juicio por el presunto amaño del Levante-Zaragoza que se celebra en Valencia en el juzgado de lo Penal Número 7 y ante el juez Manuel Aleis. Ambos reconocieron, como también el exconsejero Javier Porquera, y el actual secretario general, Francisco Checa, el pago de esas primas de 765.000 euros para la plantilla (727.120 más la cantidad para el entrenador Javier Aguirre, 37.880), firmada en un recibí por el entonces capitán Gabi, y la de 965.000 firmada con transferencias a nueve jugadores (Lanzaro, Ander, Doblas, Braulio, Da Silva, Jorge López, Diogo, Gabi y Ponzio) además de a Aguirre y al director deportivo, Antonio Prieto, que es con la que presuntamente se realizó el amaño del encuentro disputado el 21 de mayo del 2011, si bien las dudas de la acusación, de la Ficalía, de LaLiga y del Deportivo, se extienden a la totalidad: 1,73 millones.
El exmáximo accionista justificó haber realizado esos pagos antes del partido en la desconfianza de los jugadores en un club en situación preconcursal y aseguró que esos días previos al choque estaba fuera de España. «Esa cantidad obedecía a primas, otra cosa es lo que digan los jugadores», dijo cuando se le cuestionó sobre lo que decían estos de haber devuelto esas cantidades.
Agapito Iglesias estuvo algo menos de una hora declarando y se negó a contestar a la acusación de LaLiga y del Deportivo, lo mismo que Checa y Porquera. Del total de esos 1,73 millones de euros que salieron de las arcas del club, parte de ellos (965.000 euros) lo hizo desde Zaragoza Real State, la filial de la SAD, y se fijaron como «primas verbales y se negociaron entre los capitanes y Antonio Prieto», dijo Agapito. La entregada solo a nueve jugadores fue porque «ellos llevaban el peso del equipo». En la fase de instrucción el presidente aseguró no saber a qué obedecía, porque «no había visto toda la documentación».
«Son primas siempre que se consigue el objetivo», aunque se abonen antes y dejó claro que él se limitó a dar la autorización a Javier Porquera. «Desconozco el resto. Todas esas cantidades estaban contabilizadas perfectamente y controladas por la Agencia Tributaria y la administración concursal. El equipo se jugaba la vida y el Levante con lesionados estaba salvado. El Zaragoza y sus jugadores hicieron su trabajo».
Agapito reconoció que el director financiero cambió de Porquera a José Guerra con la entrada en concurso pocos días después de aquel partido y que vio en los documentos de la fase de instrucción el recibí firmado por Gabi. La Fiscalía también acusa al Zaragoza de no tener implementados entonces los sistemas de control normativo contra el fraude deportivo, y la prevención de delitos (Compliance), aunque el máximo accionista recordó que entonces sí hubo charlas de la AFE con los jugadores y se les trasladó el protocolo.
EXHAUSTIVA DECLARACIÓN
Mucho más larga fue la presencia de Fernando Sainz de Varanda, que se fue hasta las dos horas, y que no eludió a ninguno de los miembros de la acusaciones. «Esas primas se pactaron y, dada la situación del club, que no pagaba nada desde hacía meses, y ante la desconfianza de los jugadores, se les adelantó. Eso es lo que me dijeron cuando pregunté. Si no ganaban, lo devolvían o se lo quedaban a cuenta de lo que les adeudaban», aseguró el vicepresidente del club, al que también se le cuestionó por qué esas primas se abonaron en efectivo: «Pregunté y me dijeron que en el mundo del fútbol es algo habitual».
La nueva propiedad siempre ha reiterado su colaboración en este caso. «Se ha aportado toda la documentación, nos gustara o no, sea buena o mala», sentenció Sainz de Varanda, para asegurar que en los 965.000 euros «no hay ningún rastro de que ese dinero regresara al club».
Ese dinero total se justificó en septiembre a través de un pago de nóminas que incluía las tres recibidas por los futbolistas (la del contrato, la firmada por Gabi y la que recibieron los 9 jugadores) y después los administradores concursales pidieron desglosarlas tras hacer un único pago. El vicepresidente reiteró que las comprobaciones hechas no fueron más allá por no hacer una investigación paralela a la de Anticorrupción y fue interrogado mucho tiempo por el control normativo, dejando claro que el club lo había implementado.
LaLiga y el Deportivo centraron sus preguntas al club en la adhesión de los jugadores al convenio y las discrepancias porque no se les reconocían cantidades. Sainz de Varanda aseguró que sabía lo que le dijo en su momento Javier Tebas, presidente de LaLiga. Sobre el papel de Checa, admitió la total colaboración en la búsqueda de documentación. «Los hechos no han constituido un delito de corrupción deportiva, el partido no se compró. Tenemos el convencimiento total en el club de esto», afirmó.
Porquera manifestó que cumplió «las instrucciones del presidente y por eso se pagaron en efectivo. No era lo habitual, lo que no quiere decir que no se hiciera». Añadió que «no tenía una explicación cierta» de por qué los jugadores niegan haber recibido esas cantidades. «Ninguno se dirigió a mí ni a nadie del club para interesarse por devolver esa prima». Además, justificó las transferencias de Zaragoza Real State al club en la devolución de una deuda inmobiliaria de la filial con la SAD.
Porquera remarcó «no tener absolutamente ninguna constancia» de que ese dinero fuera a parar a los jugadores del Levante, mientras que Checa, además de asegurar que su labor se centraba en el área social y que ni negociaba primas ni firmaba contratos, dejó claro que no se enteró de «ese documento del pago de esas primas hasta que supe de él en el inicio del concurso». También aseguró por último que «no hay nada en las cuentas del Zaragoza que refleje que ese dinero se devolvió».
