Agapito Iglesias arremetió ayer contra el juez Francisco Picazo por su falta de "imparcialidad" en la instrucción del caso pagarés, a través de un recurso en el que solicita que se continúen las investigaciones que el magistrado da por cerradas. Un escrito tan duro que el magistrado ha solicitado a la Fiscalía que investigue si su contenido podría ser delictivo.

El soriano pidió a la Audiencia Provincial de Zaragoza, a través de su letrado Miguel Ángel Alemán, que ordene al Juzgado de Instrucción número 5, cuyo titular es Picazo, que no cierre las pesquisas, sobre las posibles irregularidades en los sobrecostes de 16,7 millones por la construcción de unas naves de Plaza. Y también pide que la Audiencia anule la prueba pericial practicada por haberle generado "indefensión". O al menos se sobresea la causa contra él.

El juez Picazo decretó el cierre de la instrucción del caso, al considerar practicadas todas las pruebas pertinentes, el pasado 29 de mayo, decisión que ha sido recurrida por las defensas de todos los imputados: el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el exconsejero delegado de la plataforma logística, Carlos Esco y el exdirector técnico de la obra, Miguel Ángel Pérez. Incluso la acción popular, que ejerce UPD --y que pide penas de entre 13 y 16 años de cárcel para los acusados--, ha pedido que al menos se oficie a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que investigue movimientos de cuentas. Pero ninguno lo ha hecho de manera tan irrespetuosa como para merecer un análisis de la Fiscalía.

El recurso de Iglesias comienza apuntando actos del juez Picazo que, a su juicio, denotan "la pérdida de imparcialidad necesaria para dirigir una investigación". Por ejemplo, el actuar de oficio, sin que las partes ni la Fiscalía lo pidan, y atribuir delitos, como la estafa, por la que la propia Plaza no acusaba.

También afea que la fianza conjunta y solidaria de 18,8 millones impuesta a los imputados lo fuera "sin oirle" (a Agapito), antes de declarar, y superior a los 14 millones que por entonces estimaba como sobrecoste no justificado. Por último, critica la retirada del pasaporte, de nuevo, y asegura que "no resulta habitual que un juez de instrucción adopte de (sic) motu proprio medidas tan graves y restrictivas contra un imputado".

Iglesias también arremente contra las periciales de Mariano Pemán y Teodoro Ríos, del que dice que fue designado "a dedo", de forma "claramente irregular". "Llama la atención que se nombre a un perito que no tiene experiencia alguna en la emisión de informes (...) y que además no esté incluido en la lista oficial (...) para ser designado perito".

También critica que no les de tiempo para presentar su propio contrainforme, algo que anunció el propio letrado al acabar la ratificación del de Ríos. Concluye que "desde un principio por parte del juez ya se había adoptado la decisión" de ir a juicio.