Agapito Carmelo Iglesias García, dueño del grupo empresarial Codesport y propietario de la sociedad que controla el principal paquete de acciones del Real Zaragoza SAD, cumplirá hoy, bajo una cobertura mediática inusual en los tribunales aragoneses y acompañado de la polémica que le sigue desde que la entidad blanquilla bajó a Segunda en el 2008, el trámite de declarar como imputado en el caso saqueo, la pieza principal del caso Plaza, por un delito que ya está prescrito.

Iglesias está citado a declarar a las 10.30 horas de hoy en la sala de vistas número 3 del edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia como presunto autor de un delito de falsedad en documento mercantil. Las pesquisas de la Brigada de Blanqueo detectaron que su empresa Multiinverisones 2005 pagó en febrero del 2006 a Pulsar Consultoría --la sociedad de Patricia y Carolina García Planté, las hijas del exgerente de Plaza-- 58.000 euros --50.000 de principal y 8.000 de IVA-- por un estudio fechado en junio del 2005, meses antes de que ninguna de las dos compañías estuviera constituida.

Los informes de la Brigada de Blanqueo sostienen que se trató de un trabajo ficticio, que la factura es falsa y que el pago era en realidad un peaje que permitió a Multiinversiones 2005 obtener contratos por valor de 673.444 euros de la UTE liderada por Acciona que se encargaba de la urbanización de Plaza.

PLAZOS Sin embargo, Iglesias ha sido citado a declarar como imputado por un delito de falsedad en documento mercantil. El Código Penal castiga ese tipo de infracciones con condenas de seis meses a tres años de prisión y multas de entre seis y doce meses, lo que --en el caso de que la existencia del delito quedara probada-- sitúa el horizonte de su prescripción en el mes de febrero del 2011. Es decir, que la supuesta falsificación no es castigable, aunque eso no exima de la pena de banquillo a un sospechoso de haberla cometido.

Fuentes jurídicas explicaron que, en todo caso, no estaría prescrito el supuesto delito de cohecho --pago de mordidas para obtener contratas-- que sugieren los informes policiales. Este delito está penado con entre tres y seis años de prisión y de siete a doce de inhabilitación, lo que, en el precepto más favorable para el reo, sitúa su prescripción en un plazo de diez años para el que todavía faltan dos.

Las mismas fuentes apuntaron, no obstante, que el cohecho es uno de los delitos más difíciles de probar.

Esta mañana declararán ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, otros cuatro empresarios sospechosos de haber encubierto el pago de mordidas a Pulsar con facturas falsas por trabajos ficticios.

Se trata de Enrique González Almazán, de Entrerríos Automatización, que pagó a Pulsar 269.147 euros en el 2006 y 58.000 en el 2007 y facturó en esos ejercicios y el anterior 956.622 a la UTE; Manuel Miguel Colonques Moreno, de Maguitel (grupo Porcelanosa), que pagó 265.131 a la guardería y 543.460 a la UTE entre el 2005 y el 2007; María del Mar Jaso Gracia, de Lexton, cuyas cuantías ascienden, respectivamente, a 70.338 en el 2007 y 1.337.449 del 2004 al 2007, y, por último, Francisco Joven Joven, de Viveros Francisco Joven e Hijos, que en el 2008 desembolsó 116.000 euros para la sociedad de las hermanas García Planté y nunca facturó a la unión de empresas.

Todas las responsabilidades penales derivadas de las facturas presuntamente falsas emitidas antes de diciembre del 2008 --cinco años antes de que la Policía pusiera su existencia en conocimiento del juzgado-- están prescritas, según las normas que establece el Código Penal. Salvo que la investigación pudiera probar que fueron materialmente elaboradas con posterioridad a esa fecha, algo que las fuentes consultadas prácticamente descartaron.

Las pesquisas de la Brigada de Blanqueo indican que la propia UTE pagó en el 2008 a Pulsar 120.131 euros, la misma cifra que desembolsó Maguitel ese mismo año.