Agapito Iglesias recibió del grupo de empresarios a los que les traspasó sus acciones del Real Zaragoza SAD un pagaré de 50.000 euros cuya entrega le exige el juez Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.
El constructor soriano está imputado en esta causa, junto con tres exaltos cargos de la empresa pública Plaza, por su presunta participación en un desfalco de más de quince millones de euros en las obras de construcción de las naves de Autocity, ejecutadas por su empresa Codesport.
Picazo, que ha impuesto a los cuatro encartados una fianza de responsabilidad civil conjunta y solidaria de 18,85 millones de euros, le ordenó a primeros de mayo que depositara en la cuenta de depósitos del juzgado cualquier cantidad que pudiera recibir por la venta de sus acciones del Real Zaragoza SAD. Y el viernes le exigió, mediante otro auto emitido al filo del mediodía, que entregara el cheque (reproducido como ilustración en esta página) de 50.000 euros.
AL BANCO
Para entonces, ese cheque --barrado, librado contra una cuenta de La Caixa y que vencía el jueves-- estaba ya ingresado en una libreta de una sucursal zaragozana del Banco Popular. De hecho, un documento remitido al juez por el notario que elaboró la escritura de la venta de las acciones señala que Iglesias se personó el viernes en su despacho para hacer constar que los 50.000 euros ya se encontraban en una cuenta abierta a nombre de Zaragoza Sport Arena XXI, la empresa patrimonial que Agapito utilizaba como tenedora de las acciones del Real Zaragoza.
El juez Picazo le advirtió el viernes a Iglesias que, de no entregar el dinero, podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes. El empresario soriano le pidió el lunes un plazo extraordinario de 48 horas para hacer efectiva la orden, solicitud sobre la que el magistrado no se había pronunciado al cierre de esta edición.
Las acciones del Real Zaragoza SAD fueron puestas bajo el foco del juez Picazo por el propio Agapito Iglesias. Este, tras conocer la imposición de la fianza --cuya legalidad fue ratificada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, ofreció al juzgado varias de sus empresas para que la fianza de responsabilidad civil fuera descontada de su patrimonio.
El juez nunca puso ninguna traba a la venta de las acciones del Real Zaragoza, una transacción que ha levantado un enorme alboroto mediático durante el último mes y medio.
La única exigencia del magistrado al constructor ha sido la entrega de cualquier dinero que pueda obtener por la venta de esos títulos, algo previsible si se tiene en cuenta la prelación de bienes a embargar por un órgano judicial que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Fuentes jurídicas avanzaron la posibilidad de que el magistrado opte en los próximos días por una alternativa de estas dos: deducir testimonio y abrir una causa por alzamiento a Iglesias o concederle el aplazamiento.
