Agapito Iglesias, dueño del Grupo Codesport, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, donde declaró como imputado en el caso pagarés, varios papeles sin firma --supuestas hojas de precios de las certificaciones de obra--para justificar los precios aplicados en las naves de Autocity.

El juez, Francisco Picazo, investiga la posible comisión de los delitos de malversación, administración desleal y estafa en esa obra, adjudicada por 14 millones y liquidada por 32. En la causa están imputados, además de Iglesias, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el exconsejero delegado de la empresa pública y exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó.

Iglesias, que eludió responder a la letrada de UPD, Irene Romea, insistió en que "no es cierto" que Codesport facturara un precio superior al acordado --293 euros por metro cuadrado, gastos generales y beneficio industrial incluido-- y en que esos valores "no se modificaron". Aunque "a lo mejor se facturó más por modificaciones pedidas por Plaza o por Autocity (...) por eso es posible certificar más sin cambiar el precio", añadió

MODIFICACIÓN Tras recibir en julio del 2005 una adjudicación que obligaba a Codesport a tener el proyecto en octubre de ese año para ejecutarlo en 10 meses, el diseño no estuvo acabado hasta abril del 2006. Lo achacó, dijo, al acuerdo entre Autocity y Plaza para, en lugar de construir 80 naves de 500 metros cuadrados, erigir 120 de 300 y ejecutar la urbanización y un área perimetral.

"Se modifica absolutamente todo", dijo, en un acuerdo firmado por los directores técnicos de su empresa, del comprador y de Plaza, Miguel Ángel Pérez --no era representante legal de la empresa pública, por lo que la DGA pidió ayer su citación como testigo--, que luego quedó reflejado en un contrato entre las dos últimas entidades que elevaba el precio a 22,8 millones. "No me corresponde contestar a eso", respondió al ser preguntado sobre si el calado de los cambios requería una nueva licitación.

Tampoco dio ninguna explicación sobre el hecho de que ni un técnico de Codesport ni Pérez firmaran la conformidad de las facturas emitidas a finales del 2008, que incluían 7,5 millones --8,7 con el IVA-- por revisiones de precios y sobrecostes. García Becerril y Escó firmaron por ellas los pagarés investigados.

Iglesias se desvinculó de los políticos relacionados con Plaza. "Nunca tuve ninguna conversación con Escó relacionada con esta obra ni con ninguna otra", dijo. Tampoco se reunió, anotó, con García Becerril ni con representantes de Acciona, empresa que lideraba la UTE adjudicataria de la urbanización de Plaza.

BANDRÉS El juez le preguntó si conocía a varios miembros del consejo de Plaza, como los exconsejeros Javier Velasco y Alfredo Boné y el titular de Economía --Francisco Bono--. Dijo que solo ha tenido contacto con ellos en "eventos en los que han estado juntos, pero no en relación con Plaza". Resultó chocante que incluyera en ese grupo a Eduardo Bandrés, presidente de su Real Zaragoza SAD de junio del 2006 a diciembre del 2009.

Por otro lado, el juez ha dado a Plaza tres días para que identifique a los miembros de su consejo entre el 2005 y el 2010 para citarlos como testigos.