El juez Francisco Picazo, instructor del caso pagarés, dio ayer un plazo de 24 horas a Agapito Iglesias para que ingrese en la cuenta de consignaciones del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa "la cantidad de 50.000 euros" que los empresarios y las sociedades a quienes ha vendido el grueso de sus acciones del Real Zaragoza SAD se comprometieron a entregarle, mediante transferencia bancaria, antes de las dos del mediodía del jueves.
El magistrado, en una providencia dictada a última hora de la mañana de ayer dentro de la pieza de responsabilidad civil del constructor, le apercibe expresamente de que "de no hacerlo así podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes".
La orden judicial incluye otra orden, en este caso dirigida a los compradores de esas acciones: "no se entreguen a la persona del mencionado imputado" las cantidades de "hasta un total de 9.800.000 euros" que figuran en la escritura formalizada el miércoles en Madrid como precio final de la operación.
Esos fondos, cuyos plazos de entrega comienzan dentro de unos meses y en algunos casos están sujetos a objetivos deportivos, deben ser ingresados "directamente" en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del juzgado. El magistrado, por último, les indica a los empresarios que "de efectuarse entregas de cantidades fuera de esas fechas, igualmente deberán ingresarse en la mencionada cuenta".
DOCUMENTACIÓN
El juez adoptó esa decisión después de haber recibido por correo electrónico --y desde la notaría madrileña en la que fue formalizada la operación-- el contrato de compraventa de las acciones a través de las que Iglesias controlaba la SAD. Las partes personadas en el proceso --Fiscalía, DGA, Plaza, Ayuntamiento de Zaragoza, UPD, Manos Limpias y las defensas de los cuatro imputados-- tienen ese documento a su disposición en la oficina del juzgado.
A primeros de mayo, al trascender las primeras informaciones sobre la posible venta de su paquete accionarial, el juez comunicó al constructor soriano que debía entregar en el juzgado el dinero que recibiera por esa operación.
Iglesias está imputado en el caso pagarés, en el que Picazo investiga un presunto desfalco de quince millones de euros en las obras de las naves de Autocity --adjudicadas por Plaza y ejecutadas por Codesport--, junto con el exconsejero delegado de la empresa pública, Carlos Escó; su exgerente, Ricardo García Becerril, y el exdirector técnico de la plataforma logística, Miguel Ángel Pérez. El magistrado les impuso a todos ellos una fianza de responsabilidad civil, conjunta y solidaria, de 18,65 millones de euros. El decomiso del derecho diferido de cobro por la venta de las acciones --esta medida fue adelantada el jueves por EL PERIÓDICO-- se enmarca en esa pieza de responsabilidad civil.
LOS PROTAGONISTAS
La providencia del juez Picazo, por otro lado, aclara por vez primera quienes son los firmantes del acuerdo con Agapito Iglesias: Mariano Casasnovas Vicente, Ángel e Ignacio Zorita López --ambos también con su empresa Gestión de Festejos Populares--, Luis Vicente Gamón Vidal --representante también de Piedrafita Inversiones--, Francisco Javier Lasheras Barles --como persona física y por Camino de la Mina, Otal Asesores e Inversiones y Desarrollos MM20-- y James Edward Brumwell.
Fuentes jurídicas discreparon sobre el vencimiento del plazo de 24 horas que el juez ha dado a Agapito para que entregue el dinero: termina el martes a las tres de la tarde si se considera aplicable la legislación civil y a las dos del mediodía de hoy con la penal. Picazo está de guardia el domingo.
