La crisis y las estrecheces de la Administración, los cambios legislativos que se han producido y la viabilidad de unos servicios que mantienen con su esfuerzo unas economías familiares muy debilitadas. Todo influye a la hora de decidir si en los servicios es mejor hacer lo mismo por menos dinero o más por lo mismo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido confiar a las dificultades y la enorme competencia de las empresas para hacerse con los servicios públicos para sacar tajada y reducir costes. El problema es que la realidad le ha demostrado que ahorrar en ellos provoca conflictos laborales. A un personal que durante años ha conquistado derechos que les sitúan muy por encima de los convenios del sector y que ahora ven en peligro por las trampas de unas empresas que hacen lo que sea por mantener el negocio y sus beneficios a costa de devaluar su trabajo. Porque si no, es inviable lo que ellas mismas prometen.
Así que el escenario que llevan viviendo de forma más palpable Zaragoza en los últimos años, con protestas en la calle y huelgas en el servicio cada vez más agresivas, conduce a un debate en el que nadie parece tener clara la opinión del ciudadano: ¿es preferible ahorrar o mantener las cosas como estaban? Para responder a esto, el usuario, quien se beneficia del servicio y realmente sufre las huelgas, debe saber que el ahorro no lo notarán en sus bolsillos nunca. Porque el ayuntamiento, de forma implícita, está reconociendo en algunos casos que durante años lo ha infradotado en el presupuesto --a costa de endeudarse con las empresas a las que ya no les puede apretar igual-- o porque los impuestos y tasas se congelan.
NUEVE CONTRATOS Nadie está pensando en bajar el billete del autobús a pesar de que la nueva contrata y su reducción de kilómetros vaya a permitir gastar "entre 10 y 15 millones de euros anuales menos" sobre un coste global que superaba los 100. Y este es solo uno de los nueve grandes contratos que Zaragoza ha prorrogado o ha sacado a concurso y adjudicado en lo que va de legislatura. Para conseguir un total de 21,6 millones de euros de ahorro para las arcas municipales en unos servicios que mantienen y disfrutan los ciudadanos.
En el apartado de las nuevas adjudicaciones hay que incluir los 1,3 millones anuales que se van a reducir de la factura, en el contrato con Umbela y con FCC, por el mantenimiento de los parques y jardines; los dos millones que se reducen del coste de la limpieza de las dependencias municipales (hasta un 18% de reducción) al cambiar el pago por horas de servicio por el de por metro cuadrado atendido; los 300.000 menos que costará controlar, mantener y vigilar las instalaciones deportivas del Ppe Garcés, el Siglo XXI y Palafox (hasta un 20%) o los 400.000 menos que valdrá el servicio de grúa municipal cada año.
En las prórrogas, recientemente se ha dado a conocer el acuerdo con Cerma & Arriaxa para no sacar a concurso la conservación de los semáforos a cambio de aplicar una reducción progresiva en el coste del 15% al 26% en tres años (del 2013 al 2015) que conllevará un ahorro anual de 1,3 millones (165.195 euros el primero, 506.598 el segundo.
Pero ha habido más. En los colegios públicos, pabellones deportivos adscritos, centros socioculturales y administrativos, por ejemplo, el ahorro en la prórroga se cifra entre 1,35 y 1,4 millones de euros anuales, un 9,5% de reducción. Y en su conservación y mantenimiento, otro 2,5%, 185.918 euros anuales sobre un valor global de 7,3 millones. Algo similar a los que pagarán menos a la empresa Albada en el servicio auxiliar en los centros de convivencia de la tercera edad, otros 169.579 euros.
Hasta ahí, cualquier partido político sacaría pecho de los resultados económicos de su gestión. Pero a veces tiene una cara B que eclipsa por completo cualquier ahorro. Y es que el problema al que se enfrenta el ayuntamiento es que estas reducciones de costes se imponen en un momento en el que la Administración se encuentra más indefensa ante los cambios que quiera introducir la empresa en el seno de su plantilla. La reforma laboral ha permitido que sea más fácil justificar los despidos, los EREs o la inaplicación de convenios de cara a quienes deben juzgar si son razonables. Y ni siquiera necesita rendir cuentas a la Administración local mientras no se demuestre que incumple su cometido.
FALTA MÁS INSPECCIÓN Una de las carencias más importante de Zaragoza es que durante años no se ha preocupado de reforzar sus propios sistemas de inspección de estas contratas. Y ahora que ha empezado a incluir penalizaciones en los pliegos se encuentra con que tiene difícil sacar los colores a su concesionaria. De manera que la tendencia en los últimos años está siendo que los propios empleados sean los que denuncien esos incumplimientos. Y como no era lo habitual en épocas de bonanza, el ayuntamiento tampoco les cree a pies juntillas porque les toma como parte interesada en otros conflictos que le son ajenos. Aunque los provocara su ahorro.
Así que lo ocurrido el año pasado con Autobuses Urbanos de Zaragoza es paradigma de esta nueva realidad. Cada negociación a la baja de un contrato hace temblar las plantillas. Y con cada euro que se ahorra, el consistorio sabe que se enfrenta a una posible huelga en la que el ciudadano no estará de su lado.
En el transporte fueron 153 despidos a los pocos días de firmar el nuevo contrato y más de dos meses de huelga. FCC bajo un 21,5% el salario de sus jardineros a los dos meses de coger las riendas del nuevo contrato, Limasa tuvo en vilo el futuro de muchos de sus empleados. Y un largo etcétera de conflictos laborales que salpican un aparente logro como es gastar menos. Porque es recortar y eso no se lleva.
Así que al final se clama por una mediación que se lleva por el camino parte del ahorro obtenido con los pliegos. O se acaba en un enfrentamiento con la empresa solo porque un día se le dio un contrato porque decía que podía hacer más por menos y con la misma gente, y al siguiente dice que es inviable y que todos sus sacrificios se sacan de la masa salarial. Son el patrón a seguir, las reglas del juego.
