Enfrente de la céntrica iglesia de San Felipe, en pleno Casco Histórico de Zaragoza, a escasos 50 metros de la Audiencia Provincial y unos cien pasos de la concurrida calle Alfonso, la okupación de forma ilegal de dos viviendas propiedad de un banco está sembrado el pánico entre los vecinos, que se sienten indefensos ante la impunidad con que un grupo organizado se ha establecido en los pisos. El bloque afectado se encuentra situado en el número 2 de la calle Gil Berges, que comparte comunidad de propietarios con otros tres portales (en Candalija, 7 y 9 y en Fuenclara, 3). La situación es tal, que varios residentes se han visto obligados a abandonar sus casas por miedo.

El BBVA, a través de la sociedad inmobiliaria Divarian -participada también por el fondo Cerberus-, tiene la titularidad de los dos pisos okupados, así como de otra veintena de viviendas de dicha finca. Su comercialización, gestionada por BNP Paribas, precisamente se había relanzado en los últimos meses. Los okupas entraron el fin de semana del 22 al 23 de junio. Los vecinos sospechan que lo hicieron de forma premeditada porque accedieron al portal con llave. Tras saltar por las terrazas interiores y trepar por los balcones, intentaron establecerse en más pisos de la comunidad pero el aviso de los residentes y la presencia policial logró disuadirlos.

Los okupantes son jóvenes y hablan árabe, algunos con antecedentes por tráfico de drogas o malos tratos, entre otros delitos, y uno de ellos está pendiente de ser expulsado del país, según escucharon varios testigos cuando la Policía Nacional procedió a su identificación, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por el momento.

DROGAS Y AMENAZAS

Vecinos y comerciantes del entorno aseguran que actúan como una banda organizada dedicada al trapicheo de drogas, entre otras fechorías, y que se han vivido momentos de tensión e intimidación desde que iniciaron la okupación, haciendo la vida imposible a algunos propietarios.

Los residentes se dieron cuenta de que algo raro pasaba tras observar «ruidos y movimientos de gente extraña» por los edificios. Aunque llegaron a pensar que podía tratarse de nuevos moradores que habían adquirido los pisos, tras el trasiego de visitas de comerciales inmobiliarios en los últimas semanas, los peores augurios se hicieron realidad. Tras avisar al banco, un «equipo de desalojo» (seguridad privada y Policía Nacional) intentó sin éxito que los okupas abandonaran las viviendas. Estos sí accedieron a marcharse de uno de los pisos que es de un particular, a cambio de los 50 euros que dijeron que les costó cambiar la cerradura. Sin embargo, no se fueron del todo, sino que se reubicaron en el piso de enfrente, ya okupado por sus «amigos».

Entre los episodios de tensión que se han vivido destaca uno ocurrido el pasado sábado, cuando varios de los okupantes se subieron a un cubo de basura y treparon por el balcón para acceder al piso. Al parecer, habían olvidado las llaves del portal. Viandantes y personas que llenaban las terrazas de la plaza San Felipe les recriminaron su comportamiento y estos respondieron con amenazas e insultos.

La situación de inseguridad y los problemas de convivencia han forzado a varios vecinos a hacer las maletas y realojarse en otros sitios. Además del «acoso» y las «provocaciones» a los que se ven sometidos por estos individuos, denuncian los destrozos producidos en las zonas comunes de la propiedad, como puertas rotas, paredes pateadas y graves desperfectos en el ascensor.

"VENDO PISO POR 2.000 EUROS"

Ante esta situación, algunos vecinos han tomado medidas como la colocación de alarmas en sus viviendas. El banco también hizo lo propio en las suyas y durante varios días puso vigilancia privada las 24 horas en la calle.

«Vendo piso por 2.000 euros», ha sido el grito que han lanzado en varias ocasiones los inquilinos ilegales desde el balcón. La entidad financiera ha presentado demanda civil contra ellos como le corresponde hacer al ser el propietario de los pisos afectados, lo que dará inicio a un proceso de desalojo que puede demorarse durante meses e, incluso, más de un año, según los expertos jurídicos consultados por los vecinos.

«Nos sentimos prisioneros en nuestra propia casa y cuando no estamos fuera tememos que entren en nuestras viviendas», aseguró uno de los afectados por esta situación, quien recalcó que los okupantes son «auténticos delincuentes». «No es una pobre familia castigada por la crisis económica y el desempleo que no puede permitirse un techo bajo el que cobijarse. No es el caso», explicaron.

RETRASOS Y QUIEBRA

La okupación es el último capítulo polémico de una promoción inmobiliaria que arrastra un largo historial de despropósitos. Los pisos fueron levantadas por la constructora zaragozana Viviendas Ruiseñores, de la familia Zozaya, que fue propietaria de la bodega Laus (DO Somontano). Esta firma entregó las viviendas en el 2013, cuatro años y medio más tarde de lo estipulado en el contrato. Tras el estallido de la crisis del ladrillo, los Zozaya se declararon en concurso de acreedores y el BBVA se adjudicó las casas pendientes de vender, cuya colocación en el mercado ha retenido durante años a la espera de que los precios se reactivaran.

Desde la inmobiliaria zaragozana que se ocupa a nivel local de la comercialización de estos pisos de banca rehusaron pronunciarse sobre el asunto y se limitaron a asegurar que «está todo normalizado», algo que los vecinos niegan tajantemente. Tanto BBVA como Divarian eludieron asimismo hacer valoraciones sobre esta situación.