La llegada de Amazon a la comunidad para construir tres centros de datos en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, una iniciativa empresarial que se ha beneficiado de su declaración como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) ha provocado el debate sobre el uso de esta figura administrativa de promoción industrial. De hecho, los centros de datos de la compañía de Jeff Bezos son, junto con el complejo de BonÀrea impulsado por el grupo Gissona en Épila, los únicos de carácter netamente privado que se han servido de estas prerrogativas.
Fue el alcalde de Villanueva de Gállego, Mariano Marcén, el que alertó de esta situación al considerar que la exención impositiva que acarrea la declaración vulnera la autonomía municipal. Calcula que el pago del Impuesto de Construcciónes, Instalaciones y Obras (ICIO) le podrían suponer hasta 3,5 millones de euros al municipio. Desde el Gobierno de Aragón han rechazado esta queja, al destacar que tras una declaración de interés general los proyectos superan las competencias locales, también en materia tributaria.
La legislación contempla la declaración de estas iniciativas como PIGA «dada su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial en Aragón». Sin embargo, hasta el 2019 ningún proyecto netamente privado había recibido tal calificación. De hecho, en el 2017 fue necesario aprobar la convalidación de un decreto-ley para modificar la Ley de Ordenación del Territorio en lo que se refiere a los Planes de Interés General de Aragón (PIGA) de forma que permitió la reserva de terrenos una vez que se determina la ubicación del proyecto en la declaración de interés general e incluso antes de que esta se produzca, una vez que el promotor del proyecto haya presentado la documentación para iniciar el proceso. Para poder realizar estos avances es necesario valorar «la utilidad pública» de las iniciativas así como garantizar que exista un acuerdo previo con el municipio o municipios afectados y se conozca el emplazamiento.
Los PIGAS permiten un ahorro de tiempo en la tramitación de las autorizaciones administrativas y urbanísticas, así como evitar el pago de algunos impuestos municipales en aras de la administración autonómica.
En Aragón en la actualidad existen trece proyectos considerados de interés general, una figura modificada en el 2010 pues antes se llamaban «de interés supramunicipal». El primer PIGA se aportó en el 2001 para poner en marcha Plaza. De hecho, el impulso de la logística autonómica ha sido hasta ahora el denominador común de las declaraciones, independientemente del signo político del Gobierno que las impulsara.
En la provincia de Teruel se han promovido cuatro declaraciones de interés general. La primera fue en el año 2002 para desarrollar el proyecto de construcción de la central térmica de Castelnou. También se encuentran en esta categoría el modificado 3 del proyecto de la Ciudad del Motor de Aragón en Alcañiz. Este se aprobó en el 2011. Se suman a la lista el aeropuerto de la provincia, la plataforma logístico industrial de Teruel, conocida como Platea (en el 2016) y la ampliación de la estación de esquí de Valdelinares, aprobado en el mismo año.
En la provincia de Huesca se consideran proyectos de interés general la puesta en marcha de la plataforma logística y el centro de transportes de Fraga, así como la logística industrial de la propia capital provincial. Una en el 2005 y la otra en el 2006. Relacionadas con la nieve se han impulsado el aparcamiento Portalet en la estación de esquí de Formigal (2008), la amplicación de Cerler (2012) y el polémico plan de unión de los centros invernales del valle de Tena y del Aragón, estos en el 2015.
Otra de las infraestructuras que se ha beneficiado de esta consideración administrativa ha sido el parque tecnológico de reciclado López Soriano en Zaragoza, en el año 2003.
Estas actuaciones se han podido devengar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) pues así lo marca la legislación al ser consideradas todas ellas actuaciones de interés supramunicipal. Hasta ahora, el hecho de que todas las inversiones fueran fruto de la inversión pública (aunque fuera con la colaboración privada) hacía innecesario el debate sobre la exención.
Por otro lado, en la comunidad existe otra fórmula de promoción industrial mucho más habitual. Es la declaración de interés autonómico y permite reducir a la mitad los tiempos de tramitación administrativa de las autorizaciones, sin tener incidencia en las cuestiones retributivas. A esta fórmula se han sumado, entre otras muchas iniciativas, proyectos de parques eólicos, centros comerciales o polígonos industriales.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, zanjó la polémica iniciada por Villanueva sobre considerar iniciativas privadas dentro del interés autonómico indicando que otros municipios estarían interesados en la llegada de empresas.
