La condena a la violencia y la necesidad de diálogo y respeto a la ley centraron ayer el debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que abordó la crisis política en Cataluña. Diputados de diferentes partidos y países hicieron un llamamiento al diálogo y a la implicación de la comunidad internacional. La mayoría de intervinientes condenaron la «represión» policial del 1-O y remarcaron que la «violencia» no es el camino. Sin embargo, los representantes de España, a excepción de los de Podemos, criticaron la acción de la Generalitat, acusándola de incumplir la ley.

Sobre la «solución» necesaria, algunos diputados, como el suizo Manuel Tornare, reivindicaron que «la única salida es una hoja de ruta que conduzca a la mediación». Otros, como el británico Roger Gale, citaron el ejemplo de Escocia, afirmando que un referéndum como el que se pactó en el Reino Unido «es también posible en España».

El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, rechazó en un debate previo esta semana la idea de una mediación internacional, pero ofreció la ayuda del Consejo de Europa en el campo del derecho constitucional. En respuesta a preguntas de miembros de la Asamblea, Jagland enfatizó la importancia de resolver el conflicto dentro del marco constitucional español «o una versión modificada» de la Constitución.

La organización Human Rights Watch ha denunciado que la policía española «usó de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Cataluña» durante la jornada de votación del 1 de octubre «utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas». El Gobierno catalán cifró en más de 800 el número de afectados.

La oenegé de derechos civiles afirma que ha recibido muchas acusaciones de un uso injustificado de la fuerza por parte de la policía durante el referéndum y «llevó a cabo investigaciones in situ después de la votación para documentar incidentes específicos».