Jesús Andreu, gerente de Plaza protagonizó la comparecencia más larga y más polémica de la comisión que investiga la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Se sentó a las 9.30 y se marchó a las 13.30 horas. Aportó datos nuevos: el desfase resultante del saqueo de la sociedad asciende a más de 200 millones de euros. De ellos, 104 corresponden a la primera fase de la urbanización; 47 a la segunda y unos 50 a otros edificios y operaciones vinculados a la empresa de logística. Fue el primer declarante que habló de corrupción; que repartió responsabilidades generalizadas --Cortes, Consejo de Administración...--; que aseguró que cualquier auditoría hubiese detectado lo que ocurría.

El relato del gerente fue extenso --tuvieron que cortarle--, trufado de valoraciones personales, reflexiones casi noveladas, y referencias a películas. Pero ante todo Jesús Andreu se concentró en dejar bien claras las sombras de la gestión de su antecesor, Ricardo García Becerril, contra el que cargó buena parte de las responsabilidades, sin decirlo.

LOS REMATES Andreu relató que descubrió que al llegar a Plaza se dio cuenta de que las obras de la segunda fase habían sido entregadas y aceptadas, y que luego faltaban un buen número de actuaciones, que figuraban en un listado de "remates". Por ejemplo las cámaras de vigilancia, con un coste de tres millones y que ni siquiera llegaron a instalarse. Consideró "increíble en una empresa seria" que el contrato con Intecsa-Inarsa se prorrogase durante cinco años de forma verbal, sin que nadie alertase de esa irregularidad, mientras se pagaban "honorarios millonarios".

Todo se precipitó con la aparición de Chabier Mayayo, al que Andreu dibujó como un ciudadano ejemplar. Fue su declaración, con documentos probatorios, la que propició que el propio gerente fuese a Fiscalía. Lo hizo, dijo, con carácter informativo, para cerciorarse de que era ahí donde debía presentarse el caso. Pero su testimonio fue tomado ya como una denuncia, explicó, así que, tras consultarlo con su mujer, firmó como denunciante el 19 de julio del 2013.

EL SAQUEO La sociedad encarga informes que detectan un saqueo continuado de la empresa. En la primera fase se produjo un quiebro de 47 millones --aunque la revisión todavía no ha terminado--; en la segunda, 104. Explicó que en la urbanización de Plaza, sin IVA, se licitaron obras por 167 millones de euros, se adjudicaron siempre a la misma UTE --Acciona-Mariano López Navarro-- por 146 millones y se liquidaron por 397 millones, casi el triple de su adjudicación, con 250 millones de euros de exceso. Solo computando lo realmente ejecutado y sin modificar los precios aplicados, la obra realizada vale 246 millones, por lo que la diferencia con lo pagado es de más de 151 millones, a lo que se pueden añadir otros 50 millones derivados de sobrecostes de otros edificios, lo que suma unos 200 millones de diferencia.

Este desfalco, fruto de "irregularidades a cambio de favores a unos particulares", como dijo Andreu, lo ejemplificó con el supuesto saneamiento de la parcela conocida como El Pino, equivalente a seis campos de fútbol. Explicó que se certificaban facturas contra la UTE y que esta a su vez las cargaba a Plaza, pero recorvertidas en metros cúbicos de un supuesto saneo que no existía. Con las facturas se pagaron, supuestamente, reformas y obras en las casas de algunos de los imputados, como Ricardo García Becerril o Nico Groeneveld

Nada de esto fue detectado. Ni por los informes de intervención, que no se hicieron; ni por los sucesivos consejos de administración; ni por los servicios jurídicos de la propia sociedad. Ninguno de los controles funcionó. El responsable de los aspectos jurídicos de Plaza, Ignacio Sarría, "era muy obediente con el gerente", denunció Andreu, quien dio a entender que existió una trama dedicada a hinchar el coste de las obras.

MORIR DE ÉXITO "El éxito de Plaza fue lo que hizo que se perdiera el control. No se estuvo atento a lo que ocurría", dijo. El resultado de este saqueo es la "quiebra" de la sociedad. Andreu enlazó como causa y efecto ambas circunstancias. Con el 70% de las parcelas vendidas, como ocurre en la plataforma, se debería estar en beneficios. "El modelo de gestión funcionó; fue un problema de personas. Intervención pudo evitarlo" de haber hecho su trabajo, sentenció.

El PSOE, responsable de la gestión de Plaza en los años analizados, fue el más duro en sus preguntas al gerente. El portavoz socialista, Javier Sada, presentó un documento escrito de puño de Andreu en el que este apuntaba una serie de obras necesarias para el pueblo del denunciante, Chabier Mayayo --que adquiere un papel capital en el caso y en la investigación--. Lo justificó diciendo que eran simples notas que tomaba mientras Mayayo le contaba el caso. Y que en ningún caso eran favores a cambio de la confesión, como el PSOE quiso dar a entender. Andreu volvió a ensalzar a Mayayo y lo pintó como víctima del acoso mediático, institucional --de la diputación de Zaragoza-- y laboral.