Con la próxima reunión, serán siete las ocasiones en las que el máximo órgano de cooperación entre Aragón y el Estado se habrán reunido desde su constitución, en enero del 2008. Este foro estaba pensado para desencallar conflictos entre ambas administraciones y poder dotar a la comunidad autónoma de las máximas competencias. La comisión nacía del Estatuto recientemente aprobado y que en su artículo 90 reconocía este órgano, que hasta entonces tenían pocas comunidades.

Desde su creación, deberían haberse reunido como mínimo en 18 ocasiones. La escasa voluntad política del Gobierno central, que es quien convoca, queda patente al haberse reunido tan solo en siete. Y con resultados más que discretos. De hecho, apenas ha habido traspasos competenciales, más allá de la creación de 200 puestos de la Unidad Asdcrita de la Policía Nacional, la cesión a la Consejería de Educación de los profesores de Religión y el desbloqueo de algún conflicto en el Constitucional. Poca cosa más. Ni avances en infraestructuras, ni en competencias de calado, ni en financiación.

El 10 de enero, con la ministra socialista Salgado, se constituyó esta comisión en una acto puramente organizativo. Tan solo se abordó de pasada el conflicto de las mermas tributarias, todavía sin resolver. Al igual que el de la deuda histórica. Dos asuntos que no son poca cosa y que sí resolvió aquel Ejecutivo de Zapatero con Andalucía y Extremadura, por ejemplo.

Justo un año después volvieron los protagonistas a una reunión que fue tildada por el propio Gobierno de Aragón de «fracaso» y por la oposición de «tomadura de pelo». El vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, llevaba 150 folios de dossieres frente a la decena del Gobierno central. Se reclamaba la cesión de la reserva hidráulica de 6.550 hectómetros cúbicos, la ampliación de la Policía adscrita o la actualización de la cuantía a recibir por el traspaso de Justicia. Nada de nada. Cuestiones secundarias como más dotación estatal para el parque Nacional de Ordesa, la integración de los sanitarios de prisiones al Salud y de los profesores de Religión de Primaria y las competencias de inspección de instalaciones radioactivas.

Un año después, se dotó de 23 millones las infraestructuras hidráulicas y se amplió la plantilla de policía adscrita. Pero no hubo más acuerdos, aunque se estudió una posible línea férrea entre Samper de Calanda y Motorland y se denegó la cesión de remanentes del Estado para impulsar obras. Esto sucedía en el 2009 y ya no hubo más encuentros hasta el 2012. Desde entonces, tres reuniones y cero resultados.