El Gobierno de Aragón tendrá que amortizar hasta el 2022 una deuda de 4.154,5 millones de euros. Será el ejercicio del 2019 el más complicado para el Ejecutivo que entonces esté en el Pignatelli, pues el vencimiento de ese año será de 904 millones, el más alto de la próxima década.

La estructura de las amortizaciones de la comunidad autónoma es claramente piramidal. La cuantía de los vencimientos, salvo un leve descenso en el 2016, marcan una línea ascendente hasta alcanzar el máximo en el 2019, cuando se tendrán que incluir en los presupuestos nada menos que esos 904 millones. Por proximidad, en el 2015, año electoral, el pago al que se tendrá que hacer frente ascenderá a 595,5 millones, según figura en las cuentas que se están tramitando en el Parlamento.

MULTIPLICAR POR 14

La cantidad que Aragón tiene que pagar cada año por la deuda no ha dejado de crecer desde el año 2009. En ese ejercicio, una vez terminada la Expo, y que marca el inicio de la crisis económica en la comunidad, se produce el auténtico cambio. La comunidad destinó en el presupuesto 64,3 millones a cumplir con sus obligaciones. En el 2010 se ve claramente que el escenario ha cambiado y los vencimientos ascienden ya a 204,3 millones. Desde entonces el ritmo ha sido siempre creciente hasta el punto de multiplicarse por 14 desde ese 2009, que marca el mínimo hasta el 2019, que establecerá el máximo histórico.

En realidad no es que la deuda de la comunidad surgiese de un año para otro. Los vencimientos que se están pagando durante este ejercicio corresponden a las contrataciones que se hicieron durante los últimos años de los gobiernos socialistas. La estructura que se elegía entonces eran devoluciones a largo plazo, aún a costa de pagar unos intereses más altos. Algo que daba liquidez a la comunidad a corto plazo y lanzaba los pagos al futuro lejano. Un futuro, sin embargo, que tarde o temprano termina llegando.

Es indudable que el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi se ha seguido endeudando y que la cuantía ha crecido hasta llegar, en estos momentos a los 5.999 millones. Tras años de incremento, en el último trimestre se ha registrado un retroceso de 132 millones, un 2% en solo tres meses. La estrategia global emprendida por el departamento de Javier Campoy pasa renovarla al precio más "competitivo", para conseguir mejores precios, evitando uso del denominado largo o muy largo plazo que hoy penaliza la deuda de las comunidades, según explicaron ayer desde la consejería de Hacienda. El objetivo, explicaron, es reducir los costes financieros y "no hipotecar a la comunidad a largo plazo".

Aprovechando el cambio de ciclo, la prioridad pasa ahora por refinanciar la deuda. La cartera sobre la que se ha actuado a lo largo del 2014 rozará los 1.000 millones. Se ha actuado sobre varios paquetes en los que se han logrado intereses del 0,68%, o del 0,79%. La meta es lograr recolocar por debajo de la línea que marca el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que es lo más ventajoso, pues ofrece una carga del 1%. A lo largo del 2014 Hacienda ha ejecutado estas políticas de ahorro de costes y mejora de estructura de deuda, que reportarán ahorros tanto en este ejercicio como en años sucesivos. La dimensión anual del ahorro esperado de las nuevas contratación podría llegar a 18 millones de euros al año, según las estimaciones del departamento. Aunque el 2015 podrían ascender hasta los 20.