La burbuja inmobiliaria llevó a la banca española a un crecimiento desaforado de oficinas que se ha visto obligada a corregir durante la crisis. Sin embargo, los ajustes en la red y, por tanto, también de puestos de trabajo, no ha sido homogéneo. Aragón es la quinta comunidad autónoma que más sucursales ha perdido en relación a su población con el consiguiente perjuicio para los clientes, que cada vez tienen más dificultades para encontrar una oficina cerca, sobre todo en las zonas menos pobladas. Aún así, sigue siendo una de las regiones con más establecimientos por habitante. Pero lo peor es que el proceso de ajuste no ha terminado: las autoridades españoles e internacionales siguen empujando a los bancos a hacer recortes adicionales.

España era el país del mundo con más sucursales por cada 1.000 habitantes antes de la crisis: 1,04 en el 2007, por delante de Bulgaria (0,88) e Islandia (0,73), según el Banco Mundial. El fuerte ajuste realizado por los bancos le hizo bajar al cuarto lugar (0,67) en el 2015, superada por Colombia (2,5), Ecuador (0,75) y Mongolia (0,7), pero todavía seguía muy por encima del resto de países europeos. Y ello pese a haber realizado un recorte del 38,3% desde el máximo del tercer trimestre del 2008, hasta las 0,61 al cierre del 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España.

Aragón ha sufrido uno de los mayores recortes: ha perdido más de un tercio (-38,2%), desde las 1,36 sucursales por cada mil habitantes hasta las 0,84. Es decir, 0,52 puntos menos, lo que en términos absolutos supone el descenso más notable de todo el país, junto con La Rioja. Así, ha pasado de ser la segunda región con una mayor red para atender a la población en el 2008 a ser la cuarta con más puntos comerciales a disposición del cliente, por detrás de La Rioja (1,04), Extremadura (0,89), Castilla y León (0,86). En las últimas posiciones se sitúan Cataluña (0,55), Madrid (0,55), Andalucía (0,54) y Canarias (0,45).

La comunidad ha visto cómo echaban el cierre 705 oficinas en esos ocho años, hasta contar con 1.102 en diciembre del 2016, la cifra más baja desde diciembre de 1978 y que supone un recorte del 39% frente al 2008 (1.807). En Aragón se encontraba el 4% de los locales a los que se echó la persiana en España, que ha visto desaparecer 17.475 sucursales desde el 2008, hasta las 28.807 oficinas actuales, la cota más baja desde junio de 1982.

DEBACLE DE LAS CAJAS

«En general, las comunidades autónomas donde el ajuste en la red ha sido mayor se corresponden con aquellas donde se han concentrado fusiones entre cajas intervenidas y absorciones posteriores», explica Joaquín Maudos, catedrático de economía de la Universidad de Valencia y director adjunto del Ivie. Es el caso de Aragón, la integración de Caja Inmaculada (CAI) en el grupo Ibercaja ha propiciado el cierre de un importante número de oficinas, un proceso de ajuste que va a continuar durante los próximos años, ya que el reciente ERE pactado con los sindicatos contempla la supresión de 55 locales en la comunidad aragonesa (160 a nivel nacional).

La redimensión de la red bancaria aragonesa también se debe a la reestructuración de las antiguas cajas de ahorros de otros territorios, como Bankia (Caja Madrid), Catalunya Caixa, CaixaNovaGalicia o Ceiss (Caja España-Duero). Algunos de estos grupos han desaparecido o su presencia en la región ha quedado muy diezmada.

Ajuste pendiente / Tampoco se ha trasladado de forma directa a una mayor caída del crédito: bajó en Aragón el 31,9%, pero en otras once comunidades tuvo una evolución peor. En lo que sí se traduce, además de en mayores inconvenientes para los clientes, es en el empleo. Tomando los 4,5 empleados por oficina del 2011, en Aragón se han perdido 3.172 puestos de trabajo en la banca, y ello sin tener en cuenta el cierre de los servicios centrales como el de Caja Inmaculada (CAI) o Barclays (antiguo Zaragozano).

El ajuste no ha tocado a su fin. El Banco de España desde hace casi dos años lleva instando al sector en esa dirección, como también el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), cuyo presidente, Mario Draghi, ha repetido el mensaje esta misma semana en Madrid. «Obviamente el acceso a los servicios bancarios empeorará en los próximos años pero es necesario el cierre de oficinas para asegurar la viabilidad del sector. Para evitar la exclusión financiera de grupos de ciudadanos, las Administraciones Públicas tienen un papel que cumplir, para empezar asegurando que no haya exclusión tecnológica que impida el acceso a la banca on line», apunta el académico.

Con datos del 2015 del BCE, España contaba ese año con 1.493 habitantes por oficina, frente a una media de 2.170 en la eurozona, con lo que sigue siendo el país con más población por sucursal. «Si además tenemos en cuenta que somos el segundo país de la UE con oficinas mas pequeñas, solo 6 empleados por oficina, y que la eficiencia no ha mejorado, y que la rentabilidad es reducida, es necesario seguir ajustando la red. Son lógicas las recomendaciones del BCE y del Banco de España», argumenta Maudos.