La necesidad de corregir los excesos de la crisis, primero, y los intentos de recuperar una rentabilidad penalizada por los tipos bajos, después, ha llevado al sector financiero español a aplicar un recorte sin precedentes en sus redes comerciales. El número de sucursales bancarias se ha reducido en Aragón en un 42,4% (o sea, en 767 oficinas) desde el máximo del 2008 (1.807) hasta las 1.040 con que se cerró el primer trimestre de este año (incluyendo los establecimientos financieros de crédito), un nivel equivalente al que se registraba en 1977, según datos del Banco de España.

El ajuste en el conjunto de España ha sido casi idéntico en términos proporcionales, con la pérdida del 43,8% de la red, es decir, 20.222 oficinas menos. Actualmente hay abiertas 25.896 sucursales frente a las más de 46.000 que había hace once años, cuando se produjo el estallido de la crisis financiera.

Los cajeros han caído menos debido a que muchas oficinas han sido sustituidas por estos dispositivos, pero también han bajado con fuerza: un 18,4% menos en el conjunto de España, hasta los 50.336, volumen similar al del 2002. Aragón era hasta el 2017 la tercera comunidad con una mayor ratio de máquinas expendedoras de dinero, al contar con una por cada 942 habitantes.

La consecuencia ha sido un incremento de la exclusión financiera de la España rural, esa que ahora ha dado en llamarse vacía o vaciada. En Aragón, no obstante, este riesgo está por ahora controlado gracias a que el cierre de oficinas se ha concentrado en la ciudad de Zaragoza y que la comunidad mantiene un sistema bancario propio con tres enseñas en su poder: Ibercaja, Caja Rural de Aragón (Bantierra) y Caja Rural de Teruel. El problema está golpeando con más fuerza a otros territorios, como Castilla y León, Extremadura o la Comunidad Valenciana, donde las administraciones están llegando a acuerdos con los bancos para que instalen cajeros en municipios excluidos.

En el conjunto de Aragón, el 4,6% de la población (más de 60.300 personas) no tiene acceso a una oficina bancaria en el lugar en el que viven al cierre del 2017, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Sin embargo, el número de usuarios sin este servicio apenas ha crecido un 0,3% en la última década. En concreto, los bancos no tienen presencia física en 423 de los 731 municipios, pero casi la mitad de estos tienen menos de 100 habitantes.

A nivel nacional, el 52,2% de los municipios españoles (4.244) no contaba con una sucursal, lo que afectaba al 2,9% de la población (1,35 millones de personas). Respecto al 2008 esto supuso un incremento del 19% y el 46%, respectivamente.

Todo apunta a que el problema irá a más por el repliegue de la banca hacia las zonas más ricas y pobladas. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada apuntaba hace unos días que, con el actual ritmo de cierre de sucursales, en el 2025 en torno al 5% de la población «tendrá muchas dificultades para acceder al dinero en efectivo», con el consiguiente «grave riesgo de exclusión financiera, un riesgo con notables consecuencias sociales y económicas». De cumplirse sus predicciones en torno a 2,4 millones de personas pasaría a no tener una oficina en su localidad, un 78% más que en el 2017.