Aragón, junto con el resto de comunidades socialistas, votó en contra de ratificar el objetivo de déficit en un 0,3% para el 2018 impuesto por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de asegurar la estabilidad presupuestaria, se decidió que este 2017 el déficit en las comunidades no pueda superar el 0,6 del PIB y descender de forma progresiva hasta el 0,3 % el año que viene y quedar en el 0% en el 2019. El PSOE se abstuvo en la votación anterior.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, consideró que esta propuesta de «esfuerzo adicional» que pide el Gobierno para seguir estrechando el déficit supone un recorte en la comunidad de 100 millones de euros. También rechazan esta medida Andalucía, Baleares, Valencia, Castilla La Mancha, Extremadura, Asturias, Cantabria y Cataluña.

Gimeno reclamó de nuevo que el objetivo de déficit debería estar fijado de forma asimétrica entre las comunidades dependiendo del nivel del gasto de las administraciones. «Hemos manifestado nuestra votación en contra porque su aplicación supondrá una gran presión social», lamentó.

negociación con ciudadanos / Casi al mismo tiempo que Montoro exigía a las comunidades autónomas una mayor contención del gasto, el Ejecutivo estatal profundizaba con los representantes de Ciudadano una posible bajada de impuestos. Esta forma de actuar fue considerada «desleal» por el consejero Gimeno y advirtió que no están «dispuestos a consentir» la situación que se derivaría de un posible acuerdo. Esa bajada fiscal es una condición que la formación de Albert Rivera ha puesto al Gobierno para negociar el presupuesto del 2018.

Gimeno denunció que no se les puede exigir a las comunidades «una rebaja en sus servicios» cuando el Estado no se aplica una restricción similar. Además, consideró que la negociación con Ciudadanos se está produciendo de espaldas al foro de expertos en el que se trata de establecer un nuevo modelo de financiación para el conjunto de las autonomías. «La ciudadanía cree que como la economía vive una mejora ya toca que crezcan la educación, la sanidad y las políticas sociales», estableció.

trámite parlamentario / Aragón todavía tiene la esperanza de que la orden de Montoro, aprobada gracias a la mayoría que ejerce el Estado en la reunión del consejo, pueda ser revertida en los próximos meses. En este caso será fundamental el trámite en el Congreso, con un delicado juego de mayorías. «Ya se ha visto que existe un gran descontento entre algunas comunidades», indicó.

Presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, a la reunión de este órgano también acudió el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro.

El desprecio a las peticiones de las comunidades socialistas en el marco del debate fiscal contrasta con el compromiso de colaboración que se cerró en la cumbre bilateral celebrada en Zaragoza el pasado martes. En ella tanto Sáenz de Santamaría como Bermúdez de Castro se comprometieron con abordar el desarrollo del artículo 108 del Estatuto de Autonomía en el que se fija un convenio financiero con la comunidad. Está pendiente la creación de una comisión que estudie el alcance de la medida.