El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé que una sección colegiada formada por varios magistrados de lo que hoy es la Audiencia Provincial de Zaragoza, y que pasará a llamarse Tribunal Provincial de Instancia, asuma de manera específica el enjuiciamiento de los casos de corrupción, los delitos económicos y los ambientales.
El texto, que en unas semanas llegará al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, contempla que esos tribunales provinciales, que serán un híbrido de las actuales audiencias y los juzgados de lo Penal, de lo Mercantil, de Primera Instancia, de lo Social y de lo Contencioso Administrativo --los cuatro últimos enjuician los asuntos que ellos mismos tramitan-- tengan una sala para cada una de esas cuatro jurisdicciones, además de una de Asuntos Generales.
El proyecto contempla que las llamadas unidades judiciales --pueden estar compuestas por uno o más jueces-- de la Sala Penal se especialicen en enjuiciar asuntos, supervisar instrucciones y ejecutar penas y medidas de seguridad, además de asumir específicamente las causas de Menores y de Violencia contra la Mujer.
Y, paralelamente, prevé que una de las secciónes colegiadas de la Sala de lo Penal se especialice en enjuiciar, y en ejecutar las condenas, de una serie de asuntos de carácter económico: estafa, administración desleal y apropiación indebida de cantidades elevadas, insolvencia punible, alteración de precios, delitos contra la propiedad intelectual y/o industrial cometidos por organizaciones, infracciones contra el mercado y receptación.
Ese mismo tribunal se encargará de los delitos societarios, los de corrupción privada --conductas criminalizadas en diciembre del 2010--, el fraude tributario o contra la Seguridad Social, el blanqueo y la delincuencia laboral, además de las infracciones urbanísticas y ambientales y, también, el contrabando.
Asumirá igualmente los delitos contra la Administración Pública --lo que supone, de hecho, encargarse de la represión de la corrupción-- y los relativos a la financiación de los partidos políticos.
La reforma que impulsa el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón sigue, no obstante, dejando en manos de los tribunales populares el enjuiciamiento de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, los fraudes y exacciones ilegales y las negociaciones prohibidas
La instrucción de ese tipo de delitos, que ahorra desarrollan los jueces de Instrucción de la capital y los encargados de juzgados mixtos en las zonas rurales en las que son denunciados, podrá recaer "excepcionalmente" en un equipo de tres jueces adscritos a esa sección colegiada de la Sala de lo Penal.
INVESTIGACIÓN Esa decisión será tomada por la Sala de Asuntos Generales con base en unos criterios que anualmente debe fijar el Tribunal Superior.
Sin embargo, el proyecto de ley ya determina que los delitos sean investigados por tres jueces cuando la causa tenga un volumen o una complejidad "extraordnaria", sea previsible alguna dificultad derivada de "la excesiva duración de la instrucción", exista un "elevado número de personas imputadas" o cuando, sin que se dé ninguna de esas circunstancias, "la valoración conjunta de todas ellas haga aconsejable la instruccióncolegiada". Sería el modelo aplicable a los casos Plaza, la operación Molinos o los asuntos de Fincas Atlanta y de Vítrex.
