Cada asesinato es un fracaso que deja tras de sí infinito dolor y lágrimas, pero en un recorrido histórico sobre la lucha contra el maltrato es obligado detenerse en el crimen que acabó con la vida de Ana Orantes, la víctima que puso rostro al maltrato hace más de 20 años. Tras cuatro décadas de palizas y agresiones verbales hacia ella y sus ocho hijos, Orantes decidió contar su sufrimiento en televisión y 13 días después su exmarido la abrasó viva.
Su desgraciada muerte marcó un antes y un después, ya que las organizaciones de mujeres se hartaron y forzaron al Gobierno de José María Aznar a aprobar, un año después, el primer plan de acción contra la violencia doméstica, que modificó el Código Penal para incluir la violencia psíquica y la medida cautelar de distanciamiento físico entre agresor y víctima.
En los años siguientes, las asociaciones feministas continuaron dando la batalla, con escaso éxito hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la pionera ley integral contra la violencia de género, que puso a España a la vanguardia y que apoyaron finalmente todos los grupos.
La norma incorpora medidas de protección, reparación y prevención y supone, según los expertos, un abordaje completo al que las Comunidades Autónomas se han adaptado, así como el Código Penal, con la regulación de la orden de protección, el agravante de género o la inclusión de otras formas de violencia contra las mujeres, como la mutilación genital o el matrimonio forzado.
No todos sus preceptos se aplican y poco después de su aprobación se puso de manifiesto que la ley por sí misma no solucionaba el problema. El machismo es un comportamiento social difícil de erradicar solo con normativas. Desde la aprobación de la norma han fallecido, de hecho, más de 850 mujeres. De ahí que la legislatura pasada, los partidos dedicaran horas y horas a buscar los puntos en común para lograr alumbrar un pacto de Estado. El acuerdo vio la luz en el 2017 y contempla más de 200 medidas aplicables a cualquier forma de violencia sobre la mujer y sus hijos y con una dotación económica de 1.000 millones de euros en cinco años. Porque no hay que olvidar que los menores son tan víctimas como sus madres. Desde el 2013, han fallecido 28, 1 en lo que llevamos de 2019.
Algunas de las recomendaciones del pacto se han puesto en marcha, como la devolución de las competencias a los ayuntamientos, pero otras muchas se han quedado en el tintero por el adelanto de las elecciones y la confrontación política. El próximo inquilino de la Moncloa tendrá que arremangarse.
