Los vecinos de la avenida Cataluña lanzan una nueva ofensiva contra el Ministerio de Fomento por el "agravio comparativo" al que está sometiendo a Zaragoza con la cesión del tramo urbano de la carretera N-II entre el puente de Santa Isabel sobre el río Gállego y el tercer cinturón. Más de seis años de espera, muchas protestas en la calle y denuncias públicas y a puerta cerrada sobre el abandono de la Administración después, reaparecerán coincidiendo con la campaña electoral con una nueva reivindicación: ser como las ciudades a las que sí se escucha y ayuda.

Esta vez por el "ninguneo y la mentira" de un Gobierno central en funciones, dirigido por el PP, el mismo que les prometió lograr la cesión en el 2011 y en la pasada legislatura ha votado hasta en seis ocasiones en contra de un acuerdo definitivo. Un Ejecutivo en Madrid que al barrio ubicado en la margen izquierda del Ebro le respondió en febrero por escrito que no cedía viales acompañados de dotación económica para su reforma desde el 2011. Sin embargo, el pasado mes de mayo rubricaba un acuerdo con Plasencia para cederle una avenida con dos millones de euros para arreglarla; con Vigo, para otra a la que aportará 7 de los 10 millones que costará acondicionarla como vía urbana; y con Ferrol en la que ayudará a costear los 8,5 millones que necesitan para reformarla.

Así se lo han trasladado los residentes de la zona, a través de la asociación de vecinos Ríos de Aragón-Avenida Cataluña, el pasado día 7 al Justicia de Aragón que, a su vez, derivará la queja al Defensor del Pueblo. Un preludio de nuevas movilizaciones que podrían convocarse en plena campaña electoral, antes de los comicios del próximo día 26. Con un objetivo prioritario en sus críticas: Fomento.

AÑO DE DESPEGUE

Un año de encendidas protestas, cuando prevén el despegue definitivo a las obras que, en este caso, adelantará el Ayuntamiento de Zaragoza. El PSOE introdujo en el presupuesto de este año 500.000 euros para adecuar un tramo que estará en ejecución "a finales de año o principios del 2017", aseguraron fuentes oficiales del área de Urbanismo. Una intervención que coincidirá con la finalización de la sustitución del alumbrado actual por nuevas luminarias en el entorno de Ríos de Aragón, cuyas obras están a punto de adjudicarse y comenzarán "en septiembre".

Además, quizá coincida con la eliminación del principal foco de insalubridad e inseguridad de este tramo de poco más de un kilómetro de longitud: el antiguo concesionario de Opel Iglesias. Está vandalizado y la propiedad, a la que se le ha abierto expediente sancionador, podría optar finalmente por demolerlo, aseguran desde el consistorio.

Debería ser un año de esperanza pero la actitud de Fomento ha soliviantado de nuevo al vecindario. En la documentación aportada al Justicia de Aragón, la asociación adjunta la información en la que se constata cómo el pasado 18 de mayo se alcanzó un acuerdo entre el ministerio, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia para ceder y reformar --por valor de 6 millones, 2 aportados por el Gobierno central-- las avenidas Martín Palomino y España. Estas obras comenzarán a mediados del 2017.

A continuación, también se recoge el acuerdo alcanzado por Fomento con el Ayuntamiento de Vigo por el que se firmará el convenio de cesión de la avenida Madrid, principal acceso a la ciudad gallega, que se reformará como vía urbana por 10 millones de euros, siete de ellos con cargo al presupuesto del Estado. Este se firmó definitivamente hace solo una semana.

Antes, el ministerio acordó con el Ayuntamiento de Ferrol la reconversión en vía urbana de la avenida As Pías, cuyas obras se iniciarán este mismo año, valoradas en 8,5 millones de euros. El expediente aprobado para esta transformación está en información pública desde el pasado 30 de mayo.

"Hemos pedido una nueva reunión este mes con el responsable de Urbanismo. Esta es la entrada a la ciudad más próxima a la plaza del Pilar y debería estar acondicionada como una vía urbana", explicó Ramiro Gil, presidente de la asociación vecinal, quien lamentó que "Fomento nos esté mintiendo permanentemente". Así se lo han hecho saber al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón, quienes en su última gestión llegaron a recalcar el caso omiso dispensado desde el ministerio y desde la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

Aseguró que se movilizarán "si hace falta" durante la campaña electoral por un asunto que debería ser un "tema central" para todos los partidos.