El Ayuntamiento de Zaragoza acordó ayer retirarse como acusación particular en el caso pagarés, al considerar sus servicios jurídicos, ahora, que los intereses municipales están "suficientemente protegidos y garantizados" por otras partes personadas en la causa. El Gobierno de Zaragoza decidió retirarse del proceso, con el cierre de la instrucción en ciernes, y dejar la defensa de su posible perjuicio patrimonial --con una participación del 12,2% en la sociedad pública-- en manos de los letrados de Plaza, la DGA y UPD, además de la Fiscalía. Javier Puy, de UPD, calificó ayer la actitud del consistorio de "caprichosa", por no seguir el criterio --en sentido contrario-- del caso de Antonio Becerril, donde se retiró al no quedar acreditado el perjuicio económico. Exigió que se apruebe un protocolo municipal para estos casos.
