El expresidente del Gobierno y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, aseguró ayer que la reforma constitucional «de la que se habla no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo».

Aznar hizo estas declaraciones durante el acto de clausura del Foro #Ideasfaes, celebrado ayer en Valencia y organizado por Valenciaplaza, en el que varios expertos debatieron sobre sanidad y educación.

A su juicio, «el secesionismo catalán ha sobrepasado todas las líneas rojas que creíamos que existían ante un desafío de semejante magnitud a la ley y al orden constitucional».

«Los silencios se han interpretado como debilidad y no como muestras de prudencia, y se ha inculcado en las mentes una independencia gratuita, dorada y saludada por el mundo, cuando la realidad es la fractura social y el descrédito internacional. Un conflicto sin precedentes en democracia», agregó.

Por ello, advirtió de que «más allá de las reclamaciones independentistas, está en juego el pacto constitucional de 1978, el valor de la transición democrática, la continuidad de la historia de España que hizo de la Constitución un terreno firme de reencuentros entre los españoles».

Tras destacar que es la primera vez que el Foro FAES sale de Madrid, Aznar indicó: «Vivimos momentos de profundos cambios que requieren de ideas independientes y análisis rigurosos».

España atraviesa, en su opinión, «un momento crítico de su historia y nadie puede abdicar de su responsabilidad, sea cual sea su ámbito de actuación», y destacó la labor de FAES a la hora de «desterrar los mitos fiscales o las falsedades históricas que avalan el delirio sedicioso de unos cuantos».

El expresidente propuso que «el debate identitario no posponga debates inaplazables», entre los cuales ha situado el de la «insostenibilidad financiera frente a los retos demográficos».

«Las razones no hay que buscarlas en los impuestos que pagan los ricos», por considerarlo una «estratega de corto alcance», sino en «un mercado de trabajo que cinco años después de la reforma mantiene una tasa de paro del 17%» y un sistema educativo que «necesita más calidad para no seguir aumentando la dualidad del mercado laboral». Además, lamentó un sistema fiscal «con muchos impuestos, demasiado altos y complicados, que distorsiona el comportamiento de personas y empresas y lastra el crecimiento».

Por ello, sostuvo que «nadie preocupado por la desigualdad y la pobreza debería oponerse a la revisión profunda del sistema de bienestar, profundizar en la reforma del mercado laboral y del sistema impositivo». Todo ello sumado a la reforma del «sistema de provisión de servicios públicos en materia de sanidad y educación».