Más de 60.300 aragoneses, el 4,6% del total de la población de la comunidad, no tienen acceso a una oficina bancaria en el lugar en el que viven. Este es solo uno de los datos que arroja un informe del Instituto Valenciano de Estudios Económicos (Ivie) que ahonda en un problema creciente en el entorno rural: la exclusión financiera. El documento, que recoge el descenso del número de sucursales bancarias en España desde el 2008, pone de relieve que casi el 58% de los municipios aragoneses no tiene acceso a una entidad, es decir 5,7 puntos más que la media nacional. O dicho de otra forma, 423 de los 731 pueblos que se ubican en el territorio de la comunidad no pueden sacar dinero, realizar ingresos o consultar cualquier duda acerca de sus ahorros y sus inversiones.

El problema estructural de la despoblación, unido a la drástica reducción de la estructura y oficinas de la banca son los dos grandes factores que han aumentado la exclusión financiera en toda España y, particularmente, en Aragón. En concreto, en la última década hay un 5,5% más de municipios sin oficinas y un 0,3% más de población que no puede realizar operaciones o consultas de forma cotidiana.

A LA MITAD

Uno de los datos que sobresalen en el estudio del Ivie -uno de los institutos económicos más prestigiosos a nivel nacional- es la drástica reducción de oficinas en la provincia de Zaragoza durante los últimos diez años. En concreto, se ha pasado de 1.202 sucursales en el 2008 a 624 en el 2018 (datos correspondientes al pasado mes de junio), lo que se traduce en un recorte del 48%. Esto la sitúa como la tercera provincia que más oficinas bancarias ha perdido durante los años de crisis. A la cabeza se encuentran Barcelona (-56%) y Gerona (-51%). Valencia, también con un descenso del 48%, iguala los registros de la comunidad aragonesa.

En Aragón, hay municipios como Canfranc, Igriés, Nueno, Siétamo o Paracuellos de Jiloca que no disponen de ninguna oficina bancaria abierta, a pesar de que su población supera los 500 habitantes, lo que obliga a los ciudadanos, sobre todo a los más mayores, a hacer piruetas en el día a día. Son, en definitiva, los vecinos de 423 pueblos los que se ven obligados a desplazarse a otros municipios en busca de una sucursal. Eso, o hacer un curso acelerado de banca electrónica para poder operar a través de internet, algo en lo que se han afanado las entidades financieras en los últimos años con el objetivo de dar mejor servicio, pero principalmente de reducir costes en estructura y personal.

UN PROCESO QUE VA A MÁS

Sea como fuere, el caso es que el sistema financiero español se está digitalizando, un fenómeno que los expertos consideran imparable y que se acentuará en los próximos años. Y eso, indudablemente, supondrá una mayor exclusión financiera. Las oficinas de las grandes ciudades menguarán y las de los núcleos rurales acabarán desapareciendo.

CaixaBank es una de las entidades españolas que ya ha lanzado un aviso a navegantes. Su plan estratégico contempla el cierre de más de 800 oficinas, según comunicó el banco en el encuentro que mantuvo con los inversores en Londres a finales del pasado mes de noviembre. Cuando se materialice la operación, supondrá una reducción del 17% con respecto a la red que la entidad catalana cuenta en estos momentos. Todo apunta que el resto de entidades, entre las que se incluye Ibercaja, seguirán el mismo camino en el corto plazo.

La integración de Caja3, grupo en el que se encontraba CAI, en Ibercaja supuso una drástica reducción de oficinas durante la crisis. Solo en el último ERE, en marzo del 2017, se cerraron 160 sucursales.

Este fenómeno, sin embargo, ha afectado más a otras comunidades que han visto cómo su tejido financiero se ha desmoronado. Es el caso de Cataluña. El informe del Ivie incide en este asunto y destaca que el 49,7% de los municipios catalanes no cuentan con oficina bancaria.

Por comunidades, destaca Castilla y León, con el 80% de los pueblos y un 16,5% de la población sin sucursal. En Navarra, el 60% de las localidades no tiene sucursal, donde vive el 8% de la población. Castilla-La Mancha y la Rioja siguen en el ránking, con el 50% de los pueblos afectados. España ha pasado a tener una red de 27.320 oficinas, casi la mitad de las 45.662 que existían antes del inicio de la crisis.