El consejero de Economía del Gobierno aragonés, el socialista Eduardo Bandrés, rechazó ayer la implantación generalizada del copago sanitario (el cobro a los pacientes de una cantidad por visita médica), pero defendió un modelo selectivo o limitado como fórmula adecuada para financiar la sanidad y contener la demanda. De esta forma, podrían cobrarse a los usuarios las prestaciones que no son estrictamente necesarias y los fármacos para pensionistas con altos niveles de renta.

Fue una de las apuestas que hizo ayer Bandrés en una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Bajo el título El gasto sanitario en España: necesidades y financiación , el consejero aragonés argumentó cómo debería afrontar el país los serios problemas de financiación de una prestación, la sanidad, imprescindible, pero cuyas demandas de dinero crecen sin parar.

Aunque Bandrés dejó claro que no le gusta el copago e, incluso, indicó que establecer el abono de un euro por visita médica supondría unos ingresos muy inferiores a una subida de impuestos, no descartó esta fórmula si se aplica "con unas medidas muy concretas".

CUESTION DE JUSTICIA Como ejemplo, el consejero explicó que mientras la población activa paga el 40% de los fármacos, los pensionistas los tienen gratis, un hecho que puede resultar altamente discriminatorio en el caso de los jubilados con rentas altas frente a los trabajadores con un salario escaso.

Por eso, indicó que el copago podría aplicarse de forma selectiva. "Cabría admitir su aplicación a los gastos de farmacia de los pensionistas cuando éstos superen un determinado nivel de renta". De la misma manera, se podría estudiar la implantación de este modelo para "ciertas prestaciones no estrictamente necesarias". Otro ejemplo: "Cuando un usuario elige un medicamento más caro del que le recetan porque cree que es mejor".

Bandrés quiso insistir en que es "contrario a generalizar el copago", porque mientras el "gran logro" de la sanidad es "que trata por igual a todo el mundo", el establecimiento de ese modelo podría "afectar a personas con menos ingresos que pueden retraerse al demandar el servicio".

En cualquier caso, el titular de Economía consideró que estas propuestas deberían estudiarse, y en un marco global, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a las comunidades y al Gobierno central. Porque se evitarían discriminaciones y porque se fijarían de forma unánime los límites o las condiciones del copago.

SIN COMPETENCIAS La Administración aragonesa no puede, en este momento, aplicar unilateralmente el copago, ni de forma selectiva ni de manera generalizada, porque es una potestad del Estado. Bandrés indicó que debería implantarlo el Gobierno central o, de lo contrario, reformar la ley y dar libertad a las comunidades para decidir si lo establecen.

"Este es sólo un mecanismo posible. No podemos reducir el gasto sanitario, pero debemos admitir que tiene un coste. Y o bien se suben los impuestos o bien se implanta el copago", concluyó el dirigente socialista.

El consejero terció así en un tema que ha provocado cierta polémica en España ante la posibilidad de establecer el pago generalizado de un euro por cada visita médica, con el fin de contener la demanda (evitando que se acuda a las consultas por motivos banales) y de aumentar los ingresos.

El ciudadano considera las prestaciones sanitarias como un derecho básico y fundamental por el que ya paga a lo largo de toda su vida laboral. Sin embargo, a la Administración no le salen la cuentas y el gasto en materia de Sanidad crece sin parar.