La Mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet, solicitó ayer a los letrados de la Cámara un informe para saber si procede o no suspender a los cuatro diputados independentistas que están en prisión provisional por el ‘procés’. La decisión llegó tras una reunión de tres horas y media de los nueve miembros de la Mesa, en la que el PSOE tiene tres asientos y Podemos, PP y Cs, dos cada uno. Ese reparto hizo que la mayoría progresista de socialistas y morados se impusiera y se optara por pedir ese documento en vez de ejecutar la suspensión de los parlamentarios como pedían populares y naranjas.

El dictamen de los expertos estará listo hoy y la Mesa se volverá a reunir a las doce y media para analizarlo. «Si el informe así lo permite, el objetivo es que la Mesa esté mañana [por hoy] en condiciones de tomar la decisión», aseguró la presidenta de la Cámara en una rueda de prensa. La dirigente del PSC subrayó que había «dudas» de los servicios jurídicos y que no tiene voluntad de «dilatar nada», sino que quiere «garantizar que las decisiones sean estrictamente conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica». Y subrayó que la resolución final será «jurídica» y no «política». Altos cargos del PSOE han manifestado en privado estos días su preferencia por que la suspensión llegue tras el 26-M, para evitar que los independentistas saquen rédito en las urnas.

La solicitud del informe a los letrados se produjo después de que Batet recibiera la reprimenda del Supremo por querer desviar a la justicia la ejecución de la suspensión de Oriol Junqueras, de ERC, y de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, los tres de Junts per Catalunya. El martes, la presidenta del Congreso envió una carta al alto tribunal para que le orientara sobre qué decisión tomar respecto a los parlamentarios encarcelados y le preguntó por la aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que prevé la suspensión de funciones de los procesados en firme por terrorismo o rebelión.

El Supremo respondió ayer con un oficio, firmado por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y acordado con los otros seis magistrados que juzgan el procés con él, en el que se se subraya que no es función del alto tribunal hacer informes para las Cortes sobre la aplicación de un artículo de una ley. Además, se remite al auto que dictó el 14 de mayo, en el que señaló al Congreso que podía aplicar el artículo 21 del Reglamento para apartar a los diputados en prisión preventiva, informa Ángeles Vázquez.

Ni para el PP ni para Ciudadanos era necesario pedir la opinión de los letrados porque la orden del Supremo es clara. «Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas y en este caso la ley es clarísima», sentenció la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor.

Más contundente se mostró el portavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, que criticó a Batet por «arrodillar a la democracia española ante los golpistas». «¿Quiere echar un pulso al Supremo? [Jordi] Sànchez ya está pidiendo reunirse con el Rey, [Oriol] Junqueras quiere reunirse con su grupo en este Congreso», relató Girauta antes de considerar todo esto una «peligrosa anomalía». Además, el portavoz de los naranjas avanzó que si hoy los diputados presos no son suspendidos, Cs pedirá la dimisión de la presidenta de la Mesa.

El PP, por su parte, estudia «acciones legales» para que quede «claro» que Batet ha cometido «un delito de prevaricación, porque está haciendo un acto que no es en base a derecho a sabiendas», avisó el líder del partido, Pablo Casado.