Lambán y Azcón se alían para ampliar Plaza y financiar la capital

Ambos mandatarios comparecieron en la sala de la Corona del Pignatelli, rodeados de la cohorte de consejeros y concejales que les acompañó en la reunión, como una primera cita de la que, además, surgieron grupos de trabajo y de seguimiento para futuras citas, rotatorias en el consistorio. La intención es cumplir la ley por fin y reeditar estos encuentros cada seis meses. En ellos se irá avanzando también en la reforma de La Romareda, el asunto más presente de entre los ausentes del orden del día. Si algo quedó claro es que se hará, pero con discreción, como es del gusto de Lambán.

Entre lo que sí se acordó destacó el acuerdo para la mejora de la financiación, por dos vías: el convenio económico-financiero (el que financia a todos los municipios) se incrementará en tres millones para este ejercicio en el caso de la capital aragonesa, pasando de los 13,5 millones de euros actuales a los 16. De ellos, 1,5 irán para desbloquear el sellado del antiguo vertedero de Torrecilla de Valmadrid. En este punto, Azcón expuso que la financiación aumentará 1,5 millones al año y alcanzará los 21 para el 2024; no fue corregido en directo, pero fuentes de la DGA indicaron luego que esto es por ahora un objetivo, pendiente de futuras negociaciones.

La otra vía es el fondo incondicionado derivado de la ley de capitalidad, estancado en los ocho millones de euros desde el 2017. Este año se actualizará a los 8,3 millones (8.299.926, concretamente), por lo pendiente del 2018, y en el 2021 tendrá un mínimo de 33.000 euros más. Pero estos serán provisionales, ya que desde ahora el fondo de capitalidad se actualizará en función de los ingresos del Gobierno de Aragón, en su liquidación definitiva. Por ello, Azcón confió en que llegue a los 8,9 millones este año. Y por lo mismo, teóricamente, podría menguar, si el ejercicio es malo. Pero fuentes de Hacienda de la DGA descartaron este escenario.

En cuanto a Plaza, realmente no se llegó a cerrar nada, pero sí hubo un claro compromiso de Azcón de lanzar «un mensaje a cualquiera que venga a crear riqueza y empleo», dando además «seguridad jurídica». El consistorio hará lo que esté en su mano para facilitar la próxima ampliación de Plaza, con «la máxima seguridad jurídica». Lo cual en principio supone soslayar los informes técnicos y jurídicos negativos sobre esta ampliación, que por otro lado, no son vinculantes. El principal beneficiario de esta alfombra roja se supone que será el centro logístico de Amazon, pero sobre esto Lambán no opinó: «Nosotros no suponemos nada».

El presidente recordó su afán por que Zaragoza comparta la capitalidad de España, sin citar específicamente el ministerio esta vez (en la reunión no se trató), y apostó por que la capital trascienda su liderazgo cultural y económico en Aragón y lo asuma en todo el valle del Ebro.

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Uno de los asuntos paralizados que se desbloquearon ayer fue la segunda fase del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, que llevaba alrededor de un lustro sin avanzar por discrepancias en la gestión del convenio firmado para ello entre la DGA y el ayuntamiento.

Este aportó la que teóricamente era su parte para la primera fase (con una aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza), pero cuando llegó el turno del Gobierno de Aragón, surgió el problema. El Ejecutivo autonómico consideraba que tenía que pagar cuando la obra estuviera certificada, es decir, ejecutada, pero el consistorio reclamaba que hubiese una partida presupuestaria en las cuentas autonómicas para tener garantías de pago.

En esta controversia, el sellado de esta «amenaza medioambiental para Zaragoza», como la definió ayer el alcalde, Jorge Azcón, estaba empantanada, pero recientemente se retomaron las conversaciones y ayer se selló el acuerdo.

Así, del aumento de tres millones del convenio económico-financiero, 1,5 se destinarán a redactar el proyecto de sellado, por si fuera necesario modificar el plan después de los años transcurridos, y licitarlo.

Tras esta actuación inicial, ambas administraciones acordaron celebrar un convenio plurianual que establecerá las condiciones de una colaboración económica de aquí al 2023, para completar las obras. Con ello, se supone que la financiación se acometerá de manera conjunta.

Con estas bases, Azcón se mostró convencido de que el sellado se completará esta legislatura, aunque en principio estaba previsto para el año pasado.

Otros asuntos en materia urbanística adoptados ayer incluyeron el desbloqueo del litigio que mantenían el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por el uso de las instalaciones de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, actual sede de los Servicios Sociales de la DGA. El consistorio se comprometió ayer a suspender, «que no desistir», aclaró Azcón, los procedimientos judiciales abiertos por este asunto, bajo el mandato de Zaragoza en Común, para buscar un acuerdo. «Mejor que lo haya sin sentencia judicial», consideró.

También se firmó el convenio de planeamiento urbanístico necesario para varias actuaciones de interés común. Entre ellas figuran el antiguo reformatorio del Buen Pastor, abandonado y largamente reclamado por los vecinos de Valdefierro para albergar un centro cívico y otras instalaciones. En el mismo ámbito se actuará con los terrenos del antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET) de la Cámara de Comercio en el Picarral (en teoría para VPO) y el chalet que albergaba el juzgado de menores de la calle Lagasca, que también se quieren recalificar para uso residencial.

Además, en el encuentro se acordó seguir impulsando conjuntamente el transporte de los barrios rurales de la capital, gestionado por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ).

Para el futuro, en los distintos grupos de trabajo y seguimiento que también se acordaron ayer, queda el trabajo en la revalorización de los edificios emblemáticos de la Expo, como la Torre del Agua o el Pabellón Puente, así como el Pabellón de España, que Lambán confió en que pronto revierta a Aragón. Estos grupos también abordarán la reforma del ICA.

LA OPOSICIÓN, A FAVOR PERO "SIN MEDALLAS"

La comisión bilateral entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón ha acordado desbloquear asuntos judiciales entre ambas instituciones sobre los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, la financiación a la administración local que se recoge en la ley de capitalidad, la ampliación de Plaza y el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid con aportación económica de ambas instituciones, decisicones que fueron bien acogidas desde el PSOE municipal. Su portavoz, Lola Ranera, manifestó que es «muy bueno que haya esta capacidad de acuerdo. Yo pongo en valor que hay distintas siglas en los gobiernos y por eso es muy positivo».

«En tanto en cuanto se vaya avanzando en pactos, que es mi compromiso también para la ciudad, todo es bueno. Ya dije desde el primer día que lo que hay que hacer es sumar», añadió Ranera, que cree que «Están en un momento de bonanza económica y que entren tantos millones desde el Gobierno de Aragón es más bonanza económica para la ciudad. En el 2009 o el 2010 era un momento de crisis, pero ahora tocan los proyectos».

Desde Podemos, Fernando Rivarés señaló que el acuerdo «está bien», pero no es para que alguien «se ponga medallas». «Por ejemplo, la segunda fase del vertedero de Torrecilla de Valmadrid hace 6 años que tenía que estar hecho», dijo el portavoz de la formación morada.

«En cuanto a la financiación por la capitalidad es algo que viene de hace tres años. Por ejemplo, con Rudi nunca se pudo llegar a un acuerdo», explicó Rivarés, que recordó al alcalde sus cálculos pasados. «Según las cuentas que ha defendido Azcón durante nueve años, el Gobierno de Aragón le debe al ayuntamiento 100 millones de euros. A ver si se va a tener que comer sus palabras. ¿Ahora va a exigir esos 100 millones como alcalde?».