Transcurridos 13 meses desde la tragedia aérea de Turquía, ayer resplandeció finalmente la verdad en el caso Yak-42. Sin los tapujos de su predecesor, Federico Trillo, el ministro de Defensa, José Bono, levantó en el Congreso el manto de "falsedades" y "ocultaciones" bajo el que el anterior Gobierno intentó enterrar sus "negligencias" en este escándalo. Bono anunció que al menos otros dos generales serán apartados de la cadena de mando por los "errores graves" que cometieron.

"Ningún oficial o general afectado seguirá en activo en las Fuerzas Armadas". Con una ambigüedad calculada, Bono evitó imputar responsabilidades concretas a ningún cargo político o militar, pero sí se mostró muy crítico con la cúpula del Ejército destituida el pasado 25 de junio por el Consejo de Ministros.

Reveló, por ejemplo, que el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) --encabezado entonces por el almirante Antonio Moreno Barberá-- desoyó un informe secreto que un mes antes del accidente alertaba de los riesgos que entrañaba para los soldados volar en aviones como el Yak-42. El ministro también criticó el trato dispensado a las familias de las víctimas por el general Luis Alejandre Sintes, destituido como jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Aunque Bono no quiso dar nombre alguno de los ceses anunciados, fuentes de Defensa adelantaron que mañana el Consejo de Ministros acordará el pase a la reserva de al menos dos de los responsables del caso Yak: los generales médicos José Antonio Beltrán y Vicente Navarro, que identificaron erróneamente al menos 22 de los 30 cadáveres que analizaron en Trebisonda (Turquía), tal y como adelantó EL PERIODICO DE ARAGON. El Gobierno estima que, siguiendo órdenes de sus superiores, ambos pusieron nombres a los restos de las víctimas "con precipitación" y, por tanto, sin la exigible precisión.

El ministro explicó que ya se han practicado las pruebas del ADN a 39 cuerpos y puntualizó que sólo estaban mal identificados los que fueron analizados por los generales Beltrán y Navarro, que fueron ascendidos posteriormente por el Gobierno del PP. Tras su comparecencia, Bono no quiso aclarar si también ordenará el pase a la reserva del general Francisco Sánchez Borrallo, que fue el representante de Trillo en las investigaciones sobre el siniestro en Turquía.

SIN REPROCHES MORALES En todo caso, el titular de Defensa puntualizó que las destituciones que acuerde no implicarán "ningún reproche moral", puesto que su único propósito es "guardar la dignidad de las Fuerzas Armadas, que no puede estar contaminada por el error de unos generales".

Bono desgranó las "equivocaciones" y "negligencias" que, en su opinión "de buena fe", cometió el equipo de Trillo: desde el sistema de contratación de aviones exsoviéticos, inseguros y sin los suficientes controles, hasta la repatriación de los cuerpos, la ocultación de los errores de identificación y la "falta de afecto" a las familias de las víctimas.

Por "cortesía", según apuntó, no quiso citar a Trillo cuando enumeró las informaciones falsas que su predecesor ofreció en el Congreso: desde el estado del Yak-42 --"era un buen avión", dijo-- hasta las inspecciones que supuestamente había superado, pasando por la fatiga de la tripulación por un exceso de horas de vuelo, que negó. Y, aunque precisó que no iba a pedir cuentas a Trillo, sí opinó que sería "injusto" descargar todas las responsabilidades sólo en "los uniformados".

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, agradecieron la transparencia mostrada por Bono en su informe. La mayoría exigió a los populares que asuman sus responsabilidades políticas por el escándalo, empezando con la renuncia de Trillo a su escaño en el Congreso. El popular Fernando López-Amor replicó que el PP ya "ha pagado" sus responsabilidades "con la pérdida del Gobierno" en las urnas.