El pleno del Congreso vivió ayer el debate más intenso que se recuerda desde la confrontación por la guerra de Irak. El ministro de Defensa, José Bono, informó de los resultados de la investigación que ha realizado su departamento sobre el contrato del Yak-42 en el que murieron 62 militares y reconoció que aún no ha podido desenmarañar sus términos, cuyo importe "está tachado dos veces" y en el que intervinieron "cinco intermediarios". Todavía hoy, confesó, se desconoce lo que ocurrió con la rebaja de los seguros de los pasajeros de 75.000 a 20.000 dólares. Pero aportó datos reveladores como el cambio de avión por "el ahorro despreciable de 6.000 euros un millón de pesetas" y otros detalles espeluznantes que, en su opinión, "tentaron a la suerte hasta la tragedia".
De inmediato, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, le acusó de "irresponsable, miserable e indecente" por por sembrar "dudas y odio" contra el Gobierno anterior. En opinión de Zaplana, "en este tema no debía de haber colores políticos". El diputado afirmó que la tragedia del Yak fue un error pero que los "crímenes del GAL, que no fueron un error, sino una monstruosidad", dijo.
El ministro se había limitado a informar de que los militares iban a volver de Afganistán en un Tupolev que podía realizar el vuelo directo desde Manás (Kirguizistán) a Zaragoza, pero un mes antes fue cambiado por el Yakovlev. Bono añadió que el Yak no podía salir de Ucrania, pues tenía dos averías graves: el indicador de combustible y el grabador de cabina. El plan de vuelo se había modificado varias veces. La tripulación acumulaba 23 horas y 26 minutos de vuelo y los pilotos no conocían el aeropuerto de Trebisonda, que carecía de radar de aproximación.
SIN COMBUSTIBLE Bono reveló que el aparato iba a aterrizar sobre una autopista paralela al aeropuerto y que los pilotos se dieron cuenta del error cuando estaban a 30 metros del suelo e intentaron remontar el vuelo. No tenían combustible para llegar al aeropuerto alternativo, en Ankara. En resumen: "Se tentó a la suerte y sobrevino la tragedia", dijo el ministro antes de preguntarse: "¿Cómo se pudo llegar a esta situación?" cuando existían 16 quejas contra estos vuelos, una de ellas, un informe del Ejército del Aire, tres meses antes y otra del servicio de información del Ejército "que se ha querido ocultar".
Los datos sobre la contratación también fueron clarificadores: no se inspeccionaron los aviones y en el contrato del Estado Mayor Conjunto (Emacon) con la agencia Nansa de la OTAN se renunció expresamente a acudir a los tribunales. El ministro reconoció la autonomía del Emacon para contratar y anunció que su exresponsable y actual segundo jefe del Ejército del Aire, general Juan Luis Ibarreta, y el de la División de Operaciones, José Antonio Martínez Sáiz-Rozas, serán cesados hoy.
En su réplica Zaplana tensó el debate a cuenta del GAL: "¿Se imaginan si yo me recreara aquí durante cinco minutos contándoles el trayecto de unas personas secuestradas --dijo en referencia a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala-- que iban a ser asesinadas?". Su intervención fue jaleada por los diputados del PP.
Para el portavoz popular, el accidente del Yak fue "un error que en ningún caso supone negligencia o dolo y ese error no justifica el linchamiento al que están sometiendo al entonces ministro de Defensa", Federico Trillo. Este intervino en un turno por alusiones y aseguró que ni siquiera conocía la errática identificación de los cadáveres y que el dolor le acompañará "toda la vida".
PLENO INADECUADO Zaplana aseguró que incluso la no identificación de 30 de los 62 fallecidos estaba justificada. "Usted ha sido presidente de Castilla-La Mancha durante 21 años --le dijo a Bono--. ¿Cuántos accidentes han ocurrido durante ese tiempo?, ¿están dispuestos a que se exhumen los cadáveres años después para comprobar su identidad?". El dirigente conservador concluyó: "Este pleno no es adecuado y las instrucciones al fiscal para que no se archive el tema en la Audiencia Nacional son revanchismo".
Los demás grupos hicieron causa común con el ministro en el sentido de que se trataba de conocer la verdad y de honrar a los fallecidos "enterrándolos bien y atendiendo a las familias". ERC, PNV e IU-ICV estimaron que Trillo debería dimitir como diputado. El PSOE lo dejó a la consideración del propio Grupo Popular.
El ministro señaló que hubo responsabilidad por no hacer caso de las quejas sobre los aviones, pero lo más grave fue "mentir a las familias entregándoles unos muertos sin identificar y diciéndoles que no había pruebas de ADN". Y leyó un texto de Trillo sobre la responsabilidad política. También le acusó de haber dado instrucciones sobre la rápida repatriación de los restos que impidió la identificación de 30 de ellos en tres horas.
Bono destacó que los familiares "quieren el único homenaje de la verdad" y reconoció dificultades de la investigación por los obstáculos que está poniendo Ucrania.
