La Comisión Europea no está dispuesta a entrar en el fuego cruzado sobre Cataluña ni en la nueva escalada de la tensión y no tiene intención de valorar la prisión provisional dictada contra ocho consejeros cesados del Govern ni la euroorden contra Carles Puigdemont solicitada por la justicia española. «Es un asunto judicial español», zanjó la portavoz comunitaria, Annika Breidhardt.

La postura de Bruselas no ha cambiado ni un milímetro desde que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron enviados a prisión el 17 de octubre. Entonces la Comisión se negó a valorar «los procesos judiciales de los Estados miembros» y ayer tampoco lo hizo. «Es un asunto de las autoridades judiciales españolas, que son independientes, y respetamos su independencia», insistió la portavoz.

El resto de las instituciones europeas mantienen un absoluto silencio. Ni el Consejo ni el Parlamento Europeo reaccionaron. Sí lo hicieron en cambio varios eurodiputados, como la copresidenta de Los Verdes, la alemana Ska Keller. «El encarcelamiento no resuelve nada, solo aumenta la tensión. ¿Cuándo entenderá Rajoy que es una crisis política y no judicial?», advirtió.

El eurodiputado portugués Rui Tavares denunciaba, en un artículo en el diario portugués Público, la posible pena de 30 años a la que se enfrenta su «amigo» Raül Romeva. «La Europa que rechaza lo peor de su pasado tiene todo el derecho de exigir a España y a Cataluña: basta. No hay solución represiva a un problema político», escribe.

Las críticas más duras llegaron de nuevo de Escocia y Flandes. El ministro presidente de la región flamenca, el nacionalista Geert Bourgeois, advertía que encarcelar a «líderes gubernamentales elegidos democráticamente es ir demasiado lejos» y que lo que se necesita son «soluciones políticas» y «diálogo». La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, afirmó, por su parte, que «el encarcelamiento de líderes electos es erróneo».